Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Valencia, junto con el Ministerio de Industria, han solicitado una reunión conjunta con los máximos responsables de la empresa Mahle en Alemania. Esta iniciativa responde al expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la multinacional, que afectará a 550 empleados en su planta de Motilla del Palancar, en Cuenca, y a otros 190 en Paterna, Valencia.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha manifestado su preocupación por la decisión de la empresa. Desde que el Gobierno regional se enteró del ERE, han intentado «revertir o al menos retrasar» esta medida, para trabajar en un plan de reindustrialización que garantice la continuidad de las capacidades industriales en el sector automotriz, especialmente en el contexto de la transición hacia el vehículo eléctrico.
Franco ha indicado que, aunque han mantenido contactos con la empresa y los sindicatos, así como conversaciones preliminares con los ministerios de Industria y de Trabajo, no ha sido posible alcanzar un acuerdo que evite el ERE. En vista de esta situación, se ha decidido actuar de manera conjunta y convocar a los responsables de Mahle en Alemania para explorar opciones viables.
La consejera ha destacado la importancia de realizar inversiones millonarias en la transformación del sector y ha expresado su apoyo a los empleados afectados, enfatizando que el Ejecutivo regional está comprometido con las familias y que continuarán trabajando para mantener la actividad industrial en la región, no solo con este caso, sino también con el conflicto que enfrenta a la empresa Eserman de Puertollano, relacionado con la reconversión logística anunciada por Repsol Química.
Franco ha advertido que la decisión de Mahle no solo impactará a los trabajadores directos, sino también a numerosas subcontratas y, en consecuencia, a la población de las comunidades limítrofes. El impacto social será significativo, ya que muchos de los empleados de la planta proceden de localidades como Albacete, Utiel o Requena.
La consejera ha confiado en la colaboración de los ministerios pertinentes y de la Comunidad Valenciana para establecer un marco que garantice el empleo de los trabajadores afectados y busque posibles alternativas. Al ser consultada sobre la obligación de devolver los 40 millones de euros recibidos a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Franco ha señalado que ese tema aún no está en el horizonte, ya que depende del Ministerio de Industria, que está al tanto de la situación.
Por último, ha considerado «lamentable» que, a pesar de contar con cifras positivas en población activa, ocupación y desempleo, la comunidad se enfrente a uno de los mayores ERE en su historia industrial.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
