La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mostrado su inquietud ante la escasa colaboración de ciertas comunidades autónomas y ayuntamientos en la aplicación de normativas diseñadas para erradicar los pisos turísticos ilegales. En una reciente entrevista en ‘Antena 3’, Rodríguez citó a Andalucía como un claro ejemplo de esta descoordinación, donde la reciente legislación para regular la vivienda de corta duración ha enfrentado múltiples recursos legales.
A pesar de que estas regulaciones podrían resultar perjudiciales para las plataformas que operan en el sector, la ministra destacó que dichas plataformas no han interpuesto recursos contra la medida. Además, Rodríguez subrayó que Andalucía, bajo la presidencia de Juan Manuel Moreno Bonilla, es la región con mayor cantidad de viviendas turísticas ilegales en el país, reflejando así una situación crítica en la gestión del alquiler.
La ministra también hizo hincapié en las políticas de la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, a la que acusó de perpetuar la ilegalidad en este ámbito. En este sentido, Rodríguez reveló que el 83% de los inmuebles que se han inscrito en el nuevo Registro Único de Alquileres están categorizados como vivienda temporal, lo que contrasta con la media nacional, donde el 78% corresponde a alojamientos turísticos.
Asimismo, Rodríguez considera que el Partido Popular, principal fuerza de oposición, parece no entender la gravedad de la situación que afecta al mercado de alquiler, una problemática que ha sido reconocida incluso por la presidenta de la Comisión Europea. En este contexto, el Ministerio de Vivienda ha alertado a diversas plataformas digitales sobre la existencia de 53.876 pisos turísticos ilegales, instándolas a eliminar los anuncios de propiedades que no cumplen con los requisitos legales establecidos desde el 1 de julio.
Desde la apertura del Registro único de alojamientos temporales el 1 de enero, se han recibido 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. No obstante, 53.786 de estas solicitudes han sido revocadas, representando un 20,3%. Para concluir, Rodríguez insistió en que cada piso turístico ilegal representa una familia desplazada de su vecindario y un joven que enfrenta serias dificultades para emanciparse, reiterando la urgencia de una colaboración interinstitucional para abordar esta problemática de manera efectiva.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
