La relación entre Ryanair y el Gobierno español ha alcanzado un punto álgido tras la imposición de una histórica multa de 179 millones de euros. En una reciente rueda de prensa celebrada en Madrid, el CEO de la aerolínea irlandesa, Michael O’Leary, no se contuvo y lanzó un ataque directo contra el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. O’Leary utilizó imágenes del político disfrazado de payaso y se refirió a él como un “loco comunista”, intensificando así la guerra verbal entre la low-cost y el Ejecutivo español.
Este conflicto ha sido desencadenado por la multa récord impuesta a diversas aerolíneas, que incluye a Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian. El Ministerio de Consumo considera abusivo el cobro por equipaje de mano en cabina, una práctica común en la industria de las aerolíneas de bajo coste.
Bustinduy, por su parte, no tardó en responder a las provocaciones de O’Leary desde el Senado, destacando que no se dejará amedrentar por ataques personales: “No es mi estilo participar de las excentricidades de un millonario extranjero”. El ministro enfatizó que lo verdaderamente alarmante no son las palabras de O’Leary, sino las prácticas abusivas que afectan a los consumidores españoles. Bustinduy dejó claro que el Gobierno mantendrá su postura firme frente a las aerolíneas que incumplen la normativa.
A pesar de la sanción, Ryanair ha manifestado su intención de no cambiar su política de equipaje y confía en que los tribunales eventualmente revocarán la multa. Ante esta situación, Volotea ya ha presentado un recurso, y la aerolínea irlandesa argumenta que la normativa europea respalda su modelo de negocio.
El conflicto entre Ryanair y el Gobierno español parece destinado a prolongarse, con ambas partes firmes en sus respectivas posturas. La disputa ha tomado un giro judicial, y ahora el futuro de este enfrentamiento dependerá de las decisiones que tomen los tribunales. El desenlace sigue siendo incierto, pero es evidente que esta batalla está lejos de resolverse.
