El Ministerio de Sanidad ha anunciado una nueva normativa que exigirá a los laboratorios farmacéuticos la transparencia en los costes de producción de los medicamentos. Esta medida, impulsada por la ministra Mónica García, busca transparentar un sector en el que las negociaciones sobre precios han sido históricamente poco claras. La iniciativa forma parte del proceso de evaluación necesaria para incluir fármacos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Según el real decreto actualmente en consulta pública, los laboratorios estarán obligados a revelar datos sobre los costes reales de producción, investigación y desarrollo antes de que se establezcan los precios finales de los medicamentos. Esta regulación podría disminuir los márgenes de beneficio que las farmacéuticas han disfrutado en el pasado, garantizando así un acceso más justo y equitativo a los tratamientos.
Uno de los principales objetivos de esta normativa es rebajar los costes que enfrenta el sistema público ante el aumento del gasto farmacéutico, que en 2023 superó los 23.000 millones de euros. Hasta ahora, los precios se fijaban sin una visión clara de los costes de producción, situación que, según organizaciones como la Asociación para un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), ha permitido a las farmacéuticas maximizar sus beneficios.
El Ministerio de Sanidad también ha comenzado a cambiar su enfoque respecto a la divulgación de precios. A partir de ahora, se harán públicos los precios de medicamentos clave, como el Veklury (remdesivir) y el Yescarta (axicabtagén ciloleucel), ambos de Gilead, algo que busca aumentar la responsabilidad y transparencia de las empresas farmacéuticas.
El aumento del gasto en medicamentos también ha puesto de relieve la necesidad de una regulación más estricta. Una reciente decisión en la Audiencia Provincial de Barcelona prohibió la venta del anticoagulante genérico Apixabán, restableciendo el monopolio de Bristol Myers Squibb, lo que obligará a las comunidades autónomas a afrontar un sobrecoste de 138 millones de euros al año. La AAJM ha instado a impugnar este fallo para evitar que el gasto público continúe incrementándose.
En resumen, con esta nueva regulación el Ministerio de Sanidad busca garantizar un mayor control y transparencia en los precios de los medicamentos, lo que podría tener un impacto significativo en el acceso a tratamientos esenciales y en la gestión de los recursos públicos.
