El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes un ambicioso paquete de medidas destinado a facilitar el acceso a la vivienda en un acto celebrado en el Museo del Ferrocarril, al que asistieron varios ministros socialistas. Entre las iniciativas más relevantes, destaca la exención del 100% del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) para los propietarios que alquilen sus viviendas respetando el índice de referencia. Esta medida se presenta como respuesta a la creciente dificultad que enfrentan muchos ciudadanos, especialmente los jóvenes, para acceder a una vivienda.
Sánchez ha aclarado que los propietarios no estarán obligados a alquilar en áreas declaradas como tensionadas para beneficiarse de esta exención fiscal, lo que amplía el alcance de la normativa que se presentará ante el Congreso de los Diputados. El objetivo es facilitar el acceso al mercado de alquiler y promover una oferta más amplia de viviendas.
Además, el presidente ha propuesto restricciones a la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes en España. Esta propuesta incluye un aumento de la carga fiscal que podrían enfrentar, hasta llegar a un 100% del valor del inmueble. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia que busca regular el acceso a la vivienda en el país y garantizar que los ciudadanos tengan opciones viables de alojamiento.
Otro de los anuncios significativos es el lanzamiento de un nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), el cual contará con fondos europeos. Este PERTE se centrará en la construcción de nuevas viviendas y prevé la cesión por parte del Gobierno de más de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a una empresa pública del sector.
Con estas medidas, el Ejecutivo tiene la intención de crear «miles y miles» de nuevas viviendas y abordar la creciente preocupación en torno al acceso a la vivienda en un contexto considerado un desafío fundamental para las sociedades actuales. La comunidad política y social está atenta a la evolución de estas iniciativas en el Congreso y a su posible impacto en el mercado inmobiliario español.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
