El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha aprobado un importante paquete de medidas destinado a combatir las fake news y promover la transparencia en los medios de comunicación. Este martes, el Consejo de Ministros dará luz verde al Plan de Acción por la Democracia, una ambiciosa iniciativa que busca reforzar la calidad de la información y garantizar el derecho a una información veraz conforme a lo estipulado en el artículo 20 de la Constitución española.
El Plan de Acción por la Democracia tiene como finalidad dotar a las instituciones públicas de mayor transparencia, y a su vez, fortalecer la libertad de prensa. Uno de los focos principales del plan es la lucha contra los discursos de odio, un fenómeno cada vez más alarmante en la sociedad, particularmente en el ámbito digital. Este aspecto refleja la preocupación del Gobierno por los efectos nocivos que pueden generar las desinformaciones y la polarización social en la democracia.
En este contexto, el Gobierno limitará la financiación pública a los medios de comunicación para garantizar su independencia. Esta medida busca prevenir cualquier tipo de manipulación derivada de intereses económicos que puedan comprometer la imparcialidad informativa.
Dentro de las estrategias establecidas, se incluyen acciones concretas para salvaguardar la pluralidad en los medios, alineándose con las directrices del Consejo Europeo que sugieren un enfoque común ante la desinformación. De hecho, Sánchez destacó que España toma como referencia a países como Alemania y Finlandia que han implementado medidas similares en sus respectivos contextos.
Además de abordar la desinformación, el plan prevé un significativo aumento de la transparencia en las instituciones gubernamentales. La futura Ley de Administración Pública Abierta se presentará como una herramienta fundamental para mejorar la accesibilidad a la información por parte de los ciudadanos. También se plantean reformas en el Congreso y el Senado, que obligarán a los parlamentarios a ser más transparentes en sus declaraciones de bienes y actividades.
Otro aspecto relevante de esta iniciativa es la reforma de la ley electoral, que incluirá la obligación de realizar debates entre los candidatos y la necesidad de asegurar la transparencia en las encuestas electorales. Estas acciones están diseñadas para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y en las instituciones, especialmente en un momento en que la polarización y la desinformación son más evidentes que nunca.
El empeño del Gobierno por promover un entorno informativo más saludable y transparente se posiciona como un paso decisivo para la protección de la democracia en España.
