El Partido Socialista se encuentra en medio de una de sus más severas crisis internas tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que involucra a Santos Cerdán. Este documento ha puesto en entredicho la integridad de la cúpula del Gobierno y de la ejecutiva socialista, evidenciando supuestas conexiones de corrupción que comprometen a figuras clave como José Luis Ábalos y Koldo García, involucrados en prácticas cuestionables relacionadas con la adjudicación de contratos públicos.
Las declaraciones de figuras prominentes del partido, incluido el presidente Pedro Sánchez y otros altos cargos como Félix Bolaños y María Jesús Montero, hoy se perciben como frágiles. Anteriormente, sostenían la honestidad de Cerdán y negaban la existencia del informe policial, pero esa retórica ha sido desfiada por las revelaciones sobre la implicación de Cerdán en una trama de corrupción.
El 21 de mayo, Sánchez defendió a Cerdán de las acusaciones lanzadas por Alberto Núñez Feijóo, describiéndolas como un «acoso de ultraderecha» y sosteniendo su «solidaridad» con el entonces secretario de Organización. Sin embargo, la investigación ha demostrado un vínculo estrecho entre Cerdán, Ábalos y García, quien es señalado como un actor clave en las irregularidades.
La situación se complica aún más por el impacto de la caída de Cerdán en ministros y altos cargos que previamente le habían brindado apoyo incondicional. La dinámica ha dado un giro, dejando a estos líderes en un estado difícil de mantener ante las evidencias que surgen.
Además de las irregularidades en la concesión de contratos a empresas como Acciona y OPR, el informe de la UCO también sugiere la existencia de un pucherazo en las primarias del PSOE de 2014, donde se alega que Cerdán habría ordenado la introducción de papeletas fraudulentas para asegurar la victoria de Sánchez.
Los delitos presuntamente comenzaron antes de que el PSOE llegara al Gobierno en 2018 y se extendieron hasta 2021, con indicios de irregularidades facilitadas por la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Ante esta crisis, el PSOE se enfrenta no solo a posibles consecuencias judiciales, sino a un deterioro significativo de su credibilidad. La defensa ferviente de Cerdán, a pesar de las advertencias, ha dejado al partido en una posición vulnerable frente a una oposición lista para capitalizar las contradicciones.
La dimisión de Cerdán ha cerrado, al menos temporalmente, una herida en el partido, pero las secuelas de este escándalo y las declaraciones previas de confianza quedarán grabadas como un recordatorio de la lealtad equivocada.
