Delegados y delegadas de UGT y CCOO se han concentrado este viernes ante la sede de FEDA para expresar su protesta tras el reciente fallecimiento de un monitor que se cayó al vacío en la tirolina de Letur. Este trágico suceso, que marca la sexta muerte en la provincia en menos de un mes y la novena en lo que va de año, ha preocupado a los representantes sindicales, quienes han exigido a la patronal que se siente a negociar de manera efectiva. El objetivo es implementar medidas que frenen la creciente siniestralidad laboral.
Francisco Javier González, secretario general de UGT Albacete, ha subrayado la gravedad de la situación que padecen los trabajadores en la provincia. En una reciente reunión del grupo permanente de trabajo de prevención de riesgos laborales, González mostró su preocupación por la ausencia de un representante de la dirección de la patronal, ya que solo acudió una técnica de FEDA. “Es inaceptable que no se esté abordando un problema tan serio en conjunto. Para frenar esta lacra, es fundamental que trabajemos juntos, pero parece que los empresarios muestran reticencias a la negociación”, afirmó.
Con la alarmante cifra de seis compañeros fallecidos en su trabajo, González enfatizó que detrás de esas estadísticas hay «familias rotas». Reiteró así la necesidad de establecer un diálogo con los empresarios sobre la seguridad y salud en el trabajo. Aunque valoró positivamente la inminente aprobación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, advirtió que esto no soluciona el problema a corto plazo. “Es una buena noticia, pero necesitamos medidas urgentes y eficaces de manera inmediata”, insistió.
Por su parte, Paco Gómez, secretario general de CCOO Albacete, destacó que en la reunión de la Comisión Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo quedó claro que la responsabilidad de los accidentes laborales recae principalmente en los empresarios. Gómez citó estadísticas de la Inspección de Trabajo que evidencian la necesidad de mejorar en la realización de evaluaciones de riesgos. De las 68 actuaciones realizadas, se reclamaron 138 y se levantaron 59 actas de infracción, acumulando un total de 100.000 euros en multas.
Gómez subrayó que estas evaluaciones, cruciales para prevenir accidentes, a menudo se limitan a ser meras copias de otros centros de trabajo y no reflejan los riesgos específicos de cada empresa. Además, señaló que en las 18 inspecciones sobre recursos preventivos se contabilizaron 14 requerimientos y 6 actas de infracción, lo que también representó un impacto económico de 100.000 euros. “Esto evidencia incumplimientos por parte de las empresas, que no priorizan la prevención y muestran resistencia a colaborar e informar a los delegados de prevención”, concluyó.
La situación ha puesto en evidencia la urgencia de establecer un marco de diálogo y colaboración que priorice la seguridad laboral en la provincia.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
