La Audiencia Provincial de Toledo celebra este miércoles, 12 de febrero, el juicio contra tres individuos acusados de administración desleal en perjuicio de la empresa Melariense de Investigaciones Agrícolas S.L. Los imputados, identificados como J.C.N.R., L.J.L.M. y A.L.M., enfrentan serias acusaciones por supuestamente haber transferido propiedades de la citada compañía, con sede en Talavera de la Reina, a una sociedad rival, Neira de Rei, S.L., sin el consentimiento adecuado.
Los hechos, según la fiscalía, se remontan a abril de 2019, cuando J.C.N.R. procedió a inscribir en el Registro de la Propiedad varias fincas que pertenecían a Melariense de Investigaciones Agrícolas, S.L., adquiridas en 2008. En la denuncia se incluyen específicamente las fincas registrales 3.924 y 3.927 del Registro de la Propiedad número 1 de Pinto, así como otras ubicadas en el Registro de la Propiedad de Motril. Además, se mencionan participaciones de otras empresas vinculadas al caso: Cantera de Palacios, S.L. y Cal Hispanias, S.L.
La acusación sostiene que L.J.L.M., socio mayoritario de las sociedades implicadas, realizó las transferencias sin haber sido nombrado apoderado de Melariense por el actual representante, C.S.H. Por su parte, A.L.M. participó en la transferencia de otras propiedades pertenecientes a CCF 21 Negocios Inmobiliarios, S.A., coadyuvando en las acciones ilícitas de L.J.L.M.
La fiscalía recalca que las propiedades fueron transferidas a Neira de Rei, S.L. por los acusados actuando como administradores de hecho, a pesar de no contar con la legítima autorización para llevar a cabo tal actuación; tampoco informaron a los accionistas ni convocaron juntas generales, lo que además vulnera las normativas sobre la gestión empresarial. Desde la dimisión del anterior administrador en 2013, no existía ningún tipo de autorización válida para las operaciones realizadas.
El valor total de las propiedades implicadas en este caso supera los 28 millones de euros, cantidad que ambas empresas afectadas reclaman como indemnización por el daño ocasionado. Ante esta situación, la fiscalía ha calificado los hechos como un delito de administración desleal y ha solicitado seis años de prisión para cada uno de los imputados, además de la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante la condena. Asimismo, se exige una multa de 12 meses a razón de 12 euros diarios y una indemnización conjunta de más de 28 millones de euros por parte de los acusados, destacando la gravedad de las acusaciones y el impacto negativo en las empresas afectadas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
