El proceso judicial contra el productor musical Nacho Cano, acusado de presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores, ha dado un nuevo giro tras la suspensión de la declaración de la denunciante Lesly Guadalupe O.F., programada para mañana. Esta decisión se tomó después de que los abogados de Lesly presentaran un escrito en el que alegaban que su clienta había padecido un ataque de pánico, lo que le impide comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
La declaración de Lesly iba a ser su primera aparición ante la jueza, así como un momento crucial en este caso. Hasta ahora, no han declarado ni la denunciante, ni los tres investigados, ni los becarios vinculados al musical. A pesar de que los letrados de Nacho Cano se opusieron a la suspensión de la declaración, no lograron cambiar esta situación, y hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha para que Lesly pueda dar su testimonio.
En un desarrollo relacionado, una inspección sorpresa de Trabajo ha determinado que los 17 becarios del musical ‘Malinche’, todos estudiantes mexicanos, cumplían con la normativa vigente, desvirtuando así acusaciones sobre una posible contratación ilegal. Estos becarios fueron citados urgentemente para declarar ante la justicia a finales de agosto, pero su comparecencia no se llevó a cabo debido a dificultades en el proceso de citación, lo que finalmente llevó a su regreso a México. Aún no se ha aclarado si será convocados nuevamente para declarar, posiblemente a través de videoconferencia.
La causa abierta contra Nacho Cano y otros tres individuos por la presunta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo se originó a raíz de la denuncia de Lesly el pasado 30 de julio. Desde entonces, el caso ha tomado diferentes rumbos, incluyendo el rechazo de la magistrada a admitir ciertos mensajes presentados por la defensa de Cano, que intentaban probar un supuesto chantaje por parte de Lesly. Esta evidencia fue considerada irrelevante para el proceso.
Además, un informe reciente de la Inspección de Trabajo ha sido enviado al juzgado, descartando cualquier indicio de que las prácticas profesionales de los becarios mexicanos constituyeran una «relación laboral encubierta». Según este informe, las actividades de los becarios estaban centradas en complementar su formación teórica, lo que aleja las sospechas sobre la legalidad de su estancia y trabajo dentro del proyecto musical.
El caso continúa desarrollándose entre expectativas y especulaciones, a la espera de nuevas declaraciones y resoluciones judiciales que puedan esclarecer los hechos denunciados.
