El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha puesto en marcha una nueva iniciativa dirigida a limitar y restringir la publicidad de alimentos no saludables que se dirige a la infancia. Durante su visita al CEIP Ana Soto en Albacete, Bustinduy enfatizó la preocupación de su ministerio ante la saturación publicitaria que sufren los menores, quienes se ven expuestos a cerca de 4.000 anuncios al año, lo que se traduce en aproximadamente 11 anuncios diarios.
El ministro señaló que están todavía en la búsqueda del mejor marco normativo para implementar esta medida y anunció ejemplos de otros países que han conseguido reducir la demanda de alimentos insalubres entre los jóvenes. Bustinduy advirtió sobre el impacto negativo que la exposición constante a este tipo de publicidad puede tener en la formación de hábitos alimenticios saludables desde una edad temprana.
A pesar de anticipar posibles resistencias por parte de una industria potente, Bustinduy reafirmó la obligación del ministerio de salvaguardar el interés general y garantizar el derecho de los niños a una alimentación saludable. Esta iniciativa se complementa con otras acciones del ministerio, como la reciente aprobación de un Real Decreto sobre comedores escolares sostenibles, que busca asegurar que todos los estudiantes, sin importar su origen, tengan acceso a cinco comidas saludables al día en sus escuelas, priorizando productos frescos y limitando los precocinados o con azúcares añadidos.
El CEIP Ana Soto fue mencionado como un modelo de buenas prácticas en alimentación escolar, y Bustinduy subrayó la importancia de que estas experiencias puedan ser replicadas en otros centros educativos del país. También se ha planteado aplicar un enfoque similar en hospitales y residencias, con el fin de garantizar que estas entidades ofrezcan alimentos de calidad y de origen local.
En otro ámbito, Bustinduy destacó la reciente decisión del Consell de Ibiza de retirar anuncios de pisos turísticos ilegales de la plataforma Airbnb, afirmando que se han proporcionado herramientas a diversas administraciones para hacer frente a los problemas de alquileres ilegales que afectan el derecho a la vivienda de muchas familias.
El ministro también defendió la propuesta de Ley de Atención al Cliente, que exige a las empresas ofrecer servicios en idiomas cooficiales cuando se soliciten, resaltando que esta medida busca profundizar en los derechos de los trabajadores. Asimismo, hizo hincapié en el compromiso de atender reclamaciones en un tiempo razonable y en la prohibición de llamadas de spam.
Por último, Bustinduy abordó un problema técnico relacionado con las pulseras antimaltrato, asegurando que se implementarán medidas correctivas para garantizar su correcto funcionamiento en el futuro. La viceconsejera de Educación de Castilla-La Mancha, Mar Torrecilla, también expresó que la región ya ha tomado iniciativas en línea con el nuevo Real Decreto sobre alimentación saludable, mediante la inversión en becas para asegurar que los estudiantes de familias vulnerables tengan acceso a los comedores escolares.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
