El Consejo de Ministros ha dado un paso importante en la reforma de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Este martes se aprobó en segunda vuelta el proyecto de ley, lo que permite que inicie su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, subrayó la relevancia de esta reforma, enfatizando que representa «un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad».
Entre las modificaciones significativas de la reforma se incluye el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad para las personas con un grado I de Dependencia. Además, aquellos que reciban un grado II o III de dependencia tendrán un reconocimiento del 65% de discapacidad. También se introduce la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural, lo que requerirá que las administraciones implementen medidas de accesibilidad física y cognitiva.
Se han eliminado las incompatibilidades en las prestaciones de dependencia establecidas en 2012 y se ha suprimido el límite de dos años para las prestaciones económicas de cuidados en el hogar. La iniciativa amplía el servicio de ayuda a domicilio, permitiendo a los cuidadores acompañar a los beneficiarios en actividades fuera del hogar, como visitas médicas o compras.
El proyecto de ley también reconoce la teleasistencia como un derecho universal, asegurando su acceso a personas que residan en centros especializados y estipulando que debe ser complementaria a otros tipos de apoyo. Además, se incluye un catálogo de nuevos servicios que abarca la atención en viviendas compartidas y el préstamo de productos como sillas de ruedas y tecnología asistiva.
Nuevos derechos serán establecidos para las personas en situación de dependencia, permitiéndoles decidir sobre los servicios que reciben y garantizando atención médica sin considerar el lugar de residencia. Esta reforma pretende evitar situaciones adversas como las observadas en residencias durante la pandemia de COVID-19. También se contempla que las personas en grado II o III de dependencia reciban servicios temporales adecuados a su situación mientras esperan por recursos solicitados.
Los centros de día, considerados un servicio crucial, se adaptarán para ofrecer apoyo fuera de sus instalaciones. Asimismo, se prevé que los cuidadores reciban prestaciones económicas hasta el último día del mes del fallecimiento de la persona dependiente.
La ley insiste en la necesidad de proporcionar condiciones laborales dignas y estables para los trabajadores del sector, estableciendo criterios de calidad y estándares de empleo a través del Consejo Territorial. Se estima que para el año 2030 serán necesarios 260.000 trabajadores adicionales en este sector.
Por otro lado, se va a agilizar la revisión del Programa Individual de Atención, mejorando el acceso a servicios para personas en situación de vulnerabilidad, donde los tiempos de espera serán un criterio prioritario.
En el ámbito de la discapacidad, el proyecto se alinea con el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, promoviendo la accesibilidad universal y estableciendo un programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal. También se contemplan modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar ayudas económicas destinadas a obras de accesibilidad en viviendas.
Por último, se enfatiza que cualquier tecnología aplicada en la atención debe respetar la autonomía de los usuarios, prohibiendo prácticas coercitivas injustificadas en el ámbito de la salud mental y asegurando garantías procesales reforzadas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
