En Castilla-La Mancha, cerca de 131.000 empleados y empleadas del sector público han estado lidiando con una notable pérdida del poder adquisitivo, que se calcula en un 20% en los últimos años. Esta situación ha suscitado la preocupación y denuncia de los principales sindicatos, como UGT, CCOO y CSIF.
El deterioro de los servicios públicos en la región se ha convertido en un asunto delicado, intensificado por el envejecimiento de las plantillas y la amortización de plazas. Estos aspectos, sumados a un sistema de acceso a la función pública que se califica como lento y burocrático, han contribuido a la precarización laboral en este sector.
Los sindicatos afirman que estos problemas estructurales han afectado de manera negativa la calidad de los servicios proporcionados a la ciudadanía. La falta de renovación en el personal y las complicaciones para cubrir vacantes obstaculizan una adecuada prestación de servicios, lo que genera inquietud entre los habitantes de la región.
Con el paso del tiempo y el envejecimiento de las plantillas, la capacidad para implementar mejoras y adaptarse a las nuevas demandas sociales se ha visto comprometida. El estancamiento salarial y las condiciones laborales han provocado un creciente descontento entre el personal, lo que aumenta la presión sobre el gobierno regional para encontrar soluciones efectivas y sostenibles a largo plazo.
Ante esta situación, se hace necesaria la apertura de un diálogo continuo entre todas las partes implicadas, con el objetivo de establecer medidas que revitalicen el sector público en Castilla-La Mancha y aseguren una calidad adecuada en los servicios públicos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
