El Gobierno de España ha establecido una fecha crucial para la implementación de una de sus iniciativas más significativas en el ámbito laboral: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta medida, promovida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido el resultado de un acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT, aunque ha suscitado la oposición de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).
Durante la próxima sesión del Consejo de Ministros, se aprobará un anteproyecto de ley que modificará el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo un límite máximo de 37,5 horas de trabajo semanales. Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esta normativa se implementará entre abril y mayo de 2025, tras su paso por el procedimiento de urgencia en el Parlamento.
La reducción de la jornada laboral no implicará recortes salariales ni afectará a los complementos laborales previamente acordados. Las horas que superen este nuevo límite se considerarán extraordinarias y, en consecuencia, serán remuneradas. Además, los convenios colectivos existentes tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a esta nueva normativa, lo que permitirá a las empresas y trabajadores una transición gradual.
El anteproyecto de ley también incorpora la obligación de las empresas de contar con un registro diario de jornada que sea digital, objetivo y accesible, disponible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para los representantes de los trabajadores. Asimismo, se refuerza el derecho a la desconexión digital, prohibiendo a las empresas sancionar a los empleados por no responder a comunicaciones fuera de su horario laboral.
Sin embargo, la CEOE ha calificado la nueva medida de «inconstitucional», acusando al Gobierno de sobrepasar las competencias propias del diálogo social. Pese a ello, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Economía se han comprometido a alcanzar un acuerdo que beneficie a los trabajadores sin menoscabar la productividad empresarial. Carlos Cuerpo ha añadido que, a pesar de que el texto puede ser modificado durante su tramitación, es viable alcanzar un consenso que preserve los objetivos iniciales de la medida.
Yolanda Díaz ha destacado la importancia de esta reforma al considerarla una «deuda histórica» hacia los trabajadores y una oportunidad para mejorar su calidad de vida. La nueva normativa responde a una demanda social consolidada, buscando facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal. «Es un debate sobre la vida, sobre cómo queremos vivir en sociedad», ha expresado la ministra.
Con esta iniciativa, España se alinea con otros países europeos que han optado por una reducción de jornada para fomentar el bienestar de los trabajadores. El tiempo dirá si esta reforma logra cumplir las expectativas generadas; sin embargo, el camino hacia una jornada laboral más equilibrada parece estar en marcha.
