El sindicato UGT de Castilla-La Mancha ha solicitado a la Consejería de Bienestar Social un «proceso inmediato» de reflexión y análisis sobre la situación en cada centro de menores de la región. Esta petición surge tras el trágico asesinato de una educadora social de 35 años en una vivienda tutelada en Badajoz, presuntamente a manos de tres menores, un suceso que ha evidenciado la imperiosa necesidad de mejorar las condiciones laborales y de seguridad en estos entornos.
Estrella Fernández y Rosario Madrigal, representantes de UGT en Servicios Públicos del sector autonómico, realizaron una rueda de prensa en la que subrayaron que cada centro debe contar con al menos dos trabajadores por turno. Actualmente, en muchas ocasiones, hay un solo empleado responsable de atender hasta ocho menores, lo cual es insuficiente para garantizar condiciones de seguridad y un servicio de calidad. «Esta labor es un servicio, no un negocio», enfatizaron, al tiempo que destacaron que educar y cuidar de la juventud requiere de recursos adecuados.
En respuesta al reciente caso de Badajoz, UGT y CCOO han convocado un acto a las 11.30 horas en las cinco delegaciones provinciales de Bienestar Social y en la Plaza del Pan de Talavera de la Reina a las 12.30 horas. Durante la rueda de prensa, se hizo hincapié en la necesidad de revisar las condiciones existentes y unificar un protocolo de atención nacional para evitar la descoordinación dentro del sistema.
El sindicato también ha cuestionado el modelo de gestión de los centros de menores, el cual consideran que está «externalizado». Aunque la tutela de menores es competencia del Gobierno regional, la mayoría de la gestión se lleva a cabo por fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. En este sentido, UGT insiste en la importancia de evaluar las condiciones laborales y de seguridad, garantizando así un entorno seguro para los trabajadores.
Aunque no se proporcionaron cifras específicas sobre la cantidad de centros de menores en Castilla-La Mancha, las representantes de UGT señalaron que, según datos de la Junta, ha aumentado en un 36 por ciento la demanda de atención a estos menores en 2024 en comparación con el año anterior. Entre otras demandas, se plantearon la necesidad de condiciones laborales dignas para los trabajadores, así como la incorporación de personal cualificado, como psicólogos y educadores sociales, y una revisión de la formación que reciben estos profesionales durante su horario laboral.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
