El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado un importante protocolo de colaboración con el Gobierno de Aragón y las universidades de Castilla-La Mancha y Zaragoza, con el objetivo de promover la profesionalización de los empleados públicos en el ámbito de la contratación dentro de las administraciones autonómicas. Este acuerdo fue rubricado por Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha; Roberto Bermúdez, consejero de Hacienda, Interior y Administraciones Públicas de Aragón; Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha; y José Antonio Mayoral, representante de la Universidad de Zaragoza.
El protocolo busca fomentar una colaboración efectiva que impulse acciones concretas para mejorar las competencias, cualificaciones y conocimientos de los empleados públicos que participan en las actividades de contratación. Entre las iniciativas que se prevén, destaca el diseño de una matriz de competencias para los profesionales de la contratación pública, inspirada en el marco europeo de competencias PROCURCOMP. También se incluirá la creación de un itinerario flexible de formación con el fin de enriquecer la capacitación del personal público.
Un aspecto relevante es la elaboración de un sistema de certificación de resultados de formación mediante microcredenciales digitales, que serán seguras y transferibles a nivel europeo. Asimismo, se desarrollarán herramientas de evaluación y certificación que serán gestionadas por una entidad independiente y competente, garantizando así la calidad de la formación. La colaboración entre administraciones y universidades será potenciada, incluyendo la participación de expertos de la Comisión de la Unión Europea en las iniciativas formativas, así como la coordinación de cursos y seminarios que enriquecerán el aprendizaje en esta crucial área.
Para asegurar el correcto seguimiento del protocolo, se creará un grupo de trabajo compuesto por personal cualificado designado por las partes involucradas. Su función será supervisar el desarrollo del acuerdo y evaluar las mejores propuestas y herramientas para cumplir con los objetivos establecidos.
Este protocolo, además, ofrece la posibilidad de ser adoptado por otras comunidades autónomas interesadas, desarrollándose mediante convenios específicos que implementen programas concretos. Tendrá una vigencia anual a partir de su firma, con opción a prórroga, a menos que alguna de las partes manifieste su intención de no continuar.
El acuerdo se configura como un paso adelante en la modernización y profesionalización de la administración pública, un aspecto fundamental para mejorar la eficacia y la transparencia en la contratación pública en España.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
