El Reino Unido se enfrenta a una creciente amenaza en sus prisiones de alta seguridad debido al uso de drones por parte de bandas organizadas. Un informe reciente del Inspectorate of Prisons revela que estos dispositivos no tripulados han convertido el espacio aéreo sobre las cárceles en un terreno prácticamente incontrolado, facilitando la introducción de drogas, armas y teléfonos móviles. Esta problemática ha sido clasificada como un riesgo para la seguridad nacional, especialmente en centros que albergan a reclusos considerados extremadamente peligrosos.
Charlie Taylor, el inspector jefe del servicio penitenciario, ha criticado duramente tanto a la policía como al Gobierno británico, acusándolos de “ceder de facto” el control aéreo de las prisiones a estas organizaciones criminales. En inspecciones recientes en cárceles de Manchester y Long Lartin, se detectó una economía ilícita alimentada principalmente por el contrabando aéreo de los drones.
La situación ha disparado los niveles de violencia dentro de los presidios. Por ejemplo, la cárcel de Manchester ha registrado seis muertes autoinfligidas desde 2021, con un séptimo caso reportado poco después de la última inspección. La violencia, alimentada por las deudas asociadas al consumo y tráfico de drogas, ha transformado este centro en uno de los más peligrosos del país.
Taylor ha hecho un llamado urgente a las fuerzas de seguridad y al servicio penitenciario para tomar medidas decisivas que frenen la actividad de las bandas organizadas y reduzcan el acceso a drogas y armas en las cárceles. Sin embargo, el informe también resalta que medidas básicas de seguridad, como redes de protección y sistemas de videovigilancia, se han quedado obsoletas, lo que ha facilitado aún más la introducción de contrabando. Este deterioro pone de relieve la falta de inversión y control en un sistema penitenciario ya de por sí en crisis.
El secretario de Estado de Justicia, Nicolas Dakin, ha reconocido la seriedad del problema, afirmando que la presencia de drones es “un motivo de gran preocupación”. No obstante, Dakin ha deslindado responsabilidades al señalar que el actual gobierno heredó un sistema penitenciario en crisis. Aseguró que ya se están implementando inversiones en medidas de seguridad, como mejoras en ventanas, redes y rejas, aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre las estrategias a seguir por razones de seguridad.
