Dinamarca, actualmente al frente del Consejo de la Unión Europea, ha presentado una propuesta destinada a modificar el plan de control de chats que había suscitado críticas generalizadas. En lugar de establecer un monitoreo obligatorio de las conversaciones privadas, conocido como «órdenes de detección», la nueva propuesta plantea que la implementación de estas medidas de control sea opcional para los proveedores de servicios, continuando así con el marco actual.
Este cambio ha sido bien recibido por organizaciones defensoras de la libertad digital. Patrick Breyer, exmiembro del Parlamento Europeo y activista, celebró la nueva dirección como un avance significativo en la protección del derecho a la privacidad de la correspondencia digital. La propuesta busca salvaguardar la encriptación segura y proteger dispositivos móviles de vulnerabilidades externas. Sin embargo, Breyer subrayó que persisten tres problemáticas importantes que aún no han sido abordadas.
La primera de estas preocupaciones es la vigilancia masiva. A pesar de ser presentada como una medida voluntaria, el control de chats podría resultar en un seguimiento indiscriminado de mensajes privados, poniendo en riesgo la privacidad de los usuarios. Según datos de la Comisión Europea, se estima que alrededor del 75% de los contenidos filtrados anualmente por algoritmos de control carecen de relevancia delictiva, lo que genera inseguridades sobre cómo se gestionan las comunicaciones personales.
El segundo problema radica en lo que se ha denominado «arresto domiciliario digital». La nueva normativa propone que los usuarios menores de 16 años no puedan instalar aplicaciones populares, incluidas las de mensajería y redes sociales, bajo la justificación de protegerlos del acoso. Esta restricción podría, irónicamente, dificultar el acceso de los adolescentes a herramientas que fortalecen su conexión y empoderamiento.
Por último, la prohibición de la comunicación anónima representa una tercera preocupación. La eliminación de cuentas anónimas en plataformas de mensajería obligaría a los usuarios a identificarse, lo cual no solo podría comprometer su seguridad, sino que también podría inhibir la discusión de temas sensiblemente delicados, como la sexualidad y la denuncia de irregularidades.
En síntesis, aunque la propuesta danesa marca un avance hacia el fortalecimiento de la seguridad en línea, aún requiere un examen más profundo y modificaciones para abordar las inquietudes existentes. No obstante, la reacción de otros gobiernos de la UE y de la Comisión podría inclinarse hacia la implementación de medidas más restrictivas, posturas que ya han mostrado una disposición a priorizar el control sobre la protección de los derechos de los ciudadanos.
