El presidente del Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha formulado una solicitud oficial al presidente de la Cámara regional, Pablo Bellido, para que se lleve a cabo un informe de fiscalización que estudie el gasto, tanto directo como indirecto, relacionado con la inmigración ilegal en las entidades de derecho público de la comunidad. Moreno ha enfatizado que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho a saber cuánto dinero público, que proviene de sus impuestos, se destina a esta cuestión, así como el impacto que genera en servicios públicos básicos como la sanidad, la educación y la seguridad.
En sus declaraciones, el dirigente de Vox ha señalado que la región enfrenta una emergencia social y económica, evidenciada por altos niveles de pobreza y precariedad laboral. Asimismo, ha criticado a los gobiernos del PSOE y del PP por no haber podido revertir esta crítica situación, resaltando que, mientras las condiciones de vida de los españoles empeoran, las políticas actuales parecen favorecer a los inmigrantes en situación irregular.
Moreno ha advertido que la «inmigración ilegal masiva» conlleva un alto coste para las finanzas públicas y ha cuestionado la falta de distinción que hace el presidente regional, Emiliano García-Page, entre quienes contribuyen al sostenimiento de Castilla-La Mancha y aquellos que se encuentran en la región de manera ilegal. Según el líder de Vox, esta circunstancia pone en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.
De acuerdo con la Ley 7/2021 de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, este órgano tiene la responsabilidad de fiscalizar las actividades económicas y financieras del sector público y de asesorar a las Cortes cuando sea requerido. Por ello, Moreno ha instado a que se cumpla esta obligación y se realice una evaluación exhaustiva del gasto relacionado con la inmigración ilegal en el ámbito regional.
Finalmente, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha hecho un llamado a la Cámara de Cuentas para que actúe y arroje luz sobre este «gasto opaco», expresando que los organismos públicos deben estar al servicio de los ciudadanos españoles y no de intereses ideológicos que ponen en riesgo la prosperidad de la región.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
