El próximo 27 de marzo se cumple el tercer aniversario de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la de Seguridad Ciudadana (LOSC), denominada “Ley Mordaza”, que Amnistía Internacional considera que limita ilegítima, innecesaria y desproporcionadamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión e información. Esta ley afecta, entre otros colectivos y personas, a periodistas, activistas por el derecho a la vivienda y también a migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las llamadas”devoluciones en caliente” en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Actualmente, se encuentran en proceso de tramitación legislativa dos propuestas de ley de reforma de la LOSC cuyos procesos podrían concluir en 2018. Para que esta Ley se modifique, los distintos grupos parlamentarios que se han mostrado favorables a reformarla deben ponerse de acuerdo en un texto único.

“Estamos ante una oportunidad histórica para acabar con tres años de la “Ley Mordaza” y por eso hacemos un llamamiento a la movilización de la ciudadanía el próximo sábado 17 de marzo. Queremos que la gente le diga a los grupos parlamentarios que no aceptamos más mordazas y que procedan a su reforma ya”, asegura Carlos Escaño, responsable de esta campaña en Amnistía Internacional.

“Esta es una ley que, además, amplía, sin establecer ningún mecanismo de control que impida los abusos, los poderes y la discrecionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana. Es una ley que da más poder a la policía y restringe derechos humanos”.

Amnistía Internacional calcula que tan sólo en 2016 podrían haberse impuesto alrededor de 34.000 sanciones por el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información.

Más de 12.000 sanciones de 2016 correspondieron a “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”, que castiga el artículo 36.6 con sanciones de hasta 30.000 euros. Algunas de las sanciones se han impuesto en el contexto de manifestaciones o actos de protesta, en los que no ha habido ningún tipo de incidente violento o altercado, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o por ejercer el derecho de información.

Por otra parte, en 2016 se impusieron casi 19.500 sanciones por “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario fue un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”.

Más allá de lo que pueda ser entendido como “una falta de respeto o consideración”, lo cierto es que este precepto otorga una gran discrecionalidad a los funcionarios de policía, ya que la interpretación queda bajo su consideración.Solo en 2016, las faltas de respeto a la autoridad han permitido establecer sanciones con un importe que supera los tres millones de euros.

Por otra parte, la LOSC ha conseguido amordazar a mucha más gente de la que ha multado. Muchas personas y colectivos han transmitido a Amnistía Internacional que actualmente es más complicado salir a la calle a protestar y reclamar derechos.

Además, la LOSC incorporó una disposición adicional para legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente” que Amnistía Internacional lleva denunciando desde 1995. A pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado 3 de octubre, que determina que las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente”, son ilegales, esta práctica se ha seguido produciendo. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, solo desde ese mes de octubre, al menos 40 personas habrían sido expulsadas de manera ilegal, corriendo el riesgo de ser sometidas a tortura y malos tratos, si bien este número podría llegar al menos hasta las 130 personas.

“En 2018 no podemos dar por sentado que tendremos completa libertad para reunirnos en una protesta espontánea o para hacer un chiste políticamente provocativo en redes sociales. De hecho, alzar la voz se está volviendo cada vez más peligroso. En vez de intentar silenciar a las personas cuando alzan la voz, los gobiernos deben atender sus preocupaciones y comenzar a eliminar las restricciones impuestas a la sociedad civil y otros agentes clave que ponen control al poder.

Amnistía Internacional se ha dirigido a los grupos parlamentarios para recordarles que es necesario una ley que garantice que la ciudadanía accede a los recursos adecuados, efectivos y rápidos cuando se violen losderechos de reunión, expresión e información, y que incorpore mecanismos independientes y garantías efectivas de supervisión de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias. Además, les ha pedido que se aseguren de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben la formación adecuada en materia de derechos humanos. La organización mantiene on line una ciberacción con este propósito en su centro de activismo on line con casi 40.000 firmas recogidas ya..

Activistas de la organización participarán en las manifestaciones convocadas por decenas de organizaciones en ciudades como Toledo, Guadalajara y Cuenca y la marcha estatal, se iniciará en la Puerta del Sol a las 18h y concluirá en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Portavoces de Amnistía Internacional estarán disponibles para entrevistas.

“Estamos presenciando cómo cada vez más gente se rebela y reclama sus derechos. La gente ha dejado sobradamente claro que quiere que se respeten sus derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando”.

Organizaciones Convocantes de las manifestaciones del sábado 17 de marzo en toda España: Amnistía Internacional, No Somos Delito, Greenpeace, Federación Sos Racismo y Coordinadora de ONG de España, entre otras.

CONVOCATORIAS EN CASTILLA-LA MANCHA:

  • TOLEDO: SÁBADO 17 DE MARZO A LAS 18, CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
  • CUENCA: SÁBADO 17 DE MARZO A LAS 18H MANIFESTACIÓN DESDE LA PLAZA DE TOROS HASTA LA PLAZA DE CÁNOVAS.
  • GUADALAJARA: SÁBADO 17 DE MARZO A LAS 13H, CONCENTRACIÓN FRENTE A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO (Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, 8).