El inicio de 2025 en España se caracteriza por un contexto económico complicado, marcado por incrementos en tarifas de servicios esenciales, ajustes fiscales y cambios significativos en el sistema de pensiones, lo que representa un desafío considerable para las economías familiares.
Desde el primer día del año, los consumidores verán un incremento en sus facturas de electricidad, gas y telecomunicaciones, además de enfrentarse a ajustadas reformas fiscales y al nuevo modelo de pensiones. Las principales empresas de telecomunicaciones, como Movistar, Vodafone y Orange, han anunciado un aumento en sus tarifas que oscilará entre un 3% y un 5%, afectando el costo del acceso a la telefonía móvil y a Internet. Las autopistas de peaje también experimentarán subidas, con tarifas que variarían entre el 2% y el 11,09% en las gestionadas por el Estado.
El sector energético será uno de los más afectados; la factura de la luz volverá a incluir un IVA del 21% tras la eliminación de las reducciones temporales de años anteriores, y se prevé un aumento del 39% en los cargos del sistema eléctrico. Además, se estima que las tarifas de gas natural subirán un 10% para los consumidores individuales y hasta un 18,3% para las comunidades vecinales. Por si fuera poco, el precio del envío de cartas también aumentará, con un nuevo coste de 0,89 euros por sello, lo que representa un incremento del 8,54%.
Otra de las modificaciones que impactará directamente en los hogares es la eliminación del IVA reducido aplicado a alimentos básicos, aceite de oliva, pasta y aceites de semilla, a partir del 1 de enero. Esto significa que productos esenciales volverán a tener una carga impositiva del 4% para alimentos básicos y del 10% para otros, lo cual afectará directamente la economía familiar y el costo de la cesta de la compra.
También hay que mencionar las reformas que afectan al sistema de pensiones. Se ha establecido que la edad de jubilación ordinaria se configure en 66 años y 8 meses para aquellos que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y en 65 años para quienes superen ese tiempo. Las pensiones contributivas y de clases pasivas se incrementarán en un 2,8%, y las mínimas en un 6%. Así, la pensión máxima alcanzará los 3.267,6 euros mensuales.
En el ámbito fiscal, se implementarán varios nuevos impuestos, entre ellos un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes corporaciones, y un nuevo gravamen para las empresas energéticas, con incentivos para las que inviertan en descarbonización. Asimismo, a partir de abril, entrará en vigor un impuesto sobre los cigarrillos electrónicos.
Los autónomos, por su parte, enfrentarán cuotas mensuales que variarán entre 200 y 590 euros dependiendo de sus ingresos, y se introducirá una «cuota de solidaridad» para los salarios que superen los 4.909 euros mensuales. Para los trabajadores asalariados, la cotización por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se incrementará al 0,8%.
Con estas subidas en servicios y productos básicos, así como con cambios en el sistema tributario y de pensiones, el nuevo año se presenta con un panorama incierto. A pesar de la revalorización de las pensiones y ciertos alivios fiscales, las familias deberán reorganizar sus presupuestos para afrontar el incremento de costos en su vida diaria, lo que acentúa la necesidad de establecer estrategias económicas para enfrentar este nuevo ciclo.
