El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que modifica la anterior de 2011 y que pretende fortalecer las capacidades del sistema español de ciencia, tecnología e innovación para mejorar su eficacia, coordinación, gobernanza y transferencia del conocimiento.
Además, la norma introduce reformas para dotar de más recursos, derechos y oportunidades al personal investigador y lograr una carrera profesional pública más estable en el ámbito de la I+D+I.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha explicado que esta reforma, que ahora inicia su trámite parlamentario como proyecto de ley, está orientada a cumplir tres demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras, reducir los trámites administrativos de la gestión de la I+D+I y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+I, alineada con los objetivos de la Unión Europea.
Para ello, la reforma incluye un compromiso por ley para que la financiación pública en I+D+I, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación, aumente regularmente con el objetivo de alcanzar el 1,25% del PIB en 2030.
Con esta garantía, blindamos por ley que nuestro sistema público de ciencia e innovación disponga de recursos suficientes para seguir creciendo, modernizando sus infraestructuras y equipamientos y creando oportunidades para nuestros científicos
Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación
“Con esta garantía, blindamos por ley que nuestro sistema público de ciencia e innovación disponga de los recursos suficientes para seguir creciendo, modernizando sus infraestructuras y equipamientos y creando más y mejores oportunidades para nuestros científicos y científicas”, ha asegurado Morant durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.
Mejora de la carrera científica y técnica
A raíz de la recesión económica de la década pasada se produjo una reducción muy acusada de la capacidad para retener y atraer el talento investigador en España. Se estima que entre 2011 y 2016 se perdieron más de 5.000 puestos de investigadores e investigadoras y un elevado número de personas se vieron obligadas a establecer su carrera fuera de España.
Además, las capacidades del sistema de I+D+I público en España están amenazadas por el envejecimiento del personal investigador y por las discontinuidades y retraso en la entrada al sistema para las personas jóvenes.
Para hacer frente a estos retos, la norma introduce reformas en la carrera científica, dirigidas a reducir la precariedad, dar estabilidad a los investigadores e investigadoras y atraer talento. Una de estas reformas es la introducción de una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas.
Este nuevo contrato indefinido, que está alineado con la reforma laboral y recoge las singularidades del sistema, no está sujeto a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.
Se introducen reformas para reducir la precariedad y dar estabilidad, una de ellas es la introducción de una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación
El objetivo es hacer de España un país para la ciencia, con condiciones y salarios atractivos, donde quienes se fueron puedan regresar y las mentes más brillantes se puedan incorporar a nuestro país”, ha señalado Morant en la rueda de prensa.
También se establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo.
Nuevo contrato de hasta seis años
En concreto, la norma diseña una senda más segura con un nuevo contrato de hasta seis años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener el nuevo certificado R3. Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porque se reserva un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades.
Además, la reforma de ley también dota de nuevos derechos laborales a los investigadores e investigadoras de nuestro país como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.
“Esta reforma de ley busca mejorar la vida de las personas que mejoran la nuestra a través de la investigación y la innovación”, ha subrayado la ministra Diana Morant, quien ha añadido que estas medidas están diseñadas para poner fin a la “precariedad endémica” en el sector público de la I+D+I.
El texto recoge una batería de medidas para estimular la atracción y movilidad de talento
La ministra también ha destacado que la reforma aprobada en el Consejo de Ministros, que nace tras un proceso de escucha y diálogo, busca definir una carrera más segura para todos los colectivos del sistema de I+D+I.
En esta línea, el texto recoge una batería de medidas para estimular la atracción y movilidad de talento. Entre ellas, los quinquenios del personal de investigación de los OPIS evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta el momento, los quinquenios solo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país.
“Con este cambio, los científicos y científicas en el extranjero podrán volver o venir a trabajar a España sin tener que dejarse atrás su mochila, pues su experiencia será recompensada y retribuida”, ha señalado Morant en la rueda de prensa.
Además, el personal investigador sanitario es reconocido en la reforma de ley como personal investigador del sistema de ciencia y se mandata a las comunidades autónomas para que incorporen categorías específicas de investigadores en las plantillas estables de los hospitales públicos.
Asimismo, se mandata a las Administraciones Públicas para que incorporen de forma estable investigadores al Sistema Nacional de Salud con categorías específicas y también se mandata para que el personal laboral e investigador pueda tener una carrera profesional en función de sus méritos.
Por último, el personal técnico adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas. La norma también reconoce y retribuye por primera vez la figura de tecnólogo o tecnóloga en el sistema público de ciencia, tecnología e innovación.
Fomento de la transferencia de conocimiento
Otro de los ejes del anteproyecto de ley está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+I. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios.
La justificación de subvenciones se realizará en forma de cuenta simplificada y la comprobación será por muestreo, sin que resulte precisa la verificación de la totalidad de ayudas concedidas.
En concreto, la justificación de subvenciones se realizará en forma de cuenta simplificada y la comprobación será por muestreo, sin que resulte precisa la verificación de la totalidad de ayudas concedidas. Las Administraciones Públicas podrán conceder directamente subvenciones a proyectos ya evaluados positivamente por otros agentes públicos del sistema. Además, se facilita el pago de cuotas de participación en proyectos y organismos internacionales.
La norma también está orientada a reforzar la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema de I+D+I español, creando nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad.
Otros mecanismos que regula la ley son la compra pública de innovación y el permiso a las administraciones públicas de invertir en sociedades mercantiles, como hacen los países más avanzados, donde el sector público es un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en I+D+I.
Igualdad de género
La norma aprobada en el Consejo de Ministros también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el ámbito de la ciencia y la innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se implementan acciones específicas.
Los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y de contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual
Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y de contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual.
También se prevé la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, la necesidad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión de género en los proyectos de I+D+I. En este sentido, se garantizará la igualdad en los procesos de selección y evaluación para quienes concilian.
Además, se reconoce el papel fundamental de la divulgación científica y la educación para impulsar el cambio sociocultural y fomentar la corresponsabilidad.
Agencia Espacial Española
La reforma de ley contempla además la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.
Morant ha remarcado que, con esta norma, España da un paso decidido para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación. “Es la ley que España necesita para transformarse en un país más próspero, justo y verde, a través de un esfuerzo colectivo asentado en el conocimiento y la innovación”, ha subrayado la ministra de Ciencia e Innovación.
