La Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha le solicita al SESCAM que comience los trámites para asumir de forma directa la gestión del servicio esencial del Transporte Sanitario después de las últimas sentencias ganadas en los juzgados y los reiterados incumplimientos por parte de todas las empresas adjudicatarias del servicio en CLM. En un escrito enviado al consejero de Sanidad de CLM, Jesús Fernández Sanz, la UGT expone todos los incumplimientos que las empresas vienen realizando desde el comienzo de las concesiones, sobre los cuales hay numerosas denuncias ganadas y debidamente demostradas ante la justicia.
José Manuel Pinillos, secretario de Organización FeSP-UGT CLM, detalla incumplimientos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con la administración; incumplimientos en el ámbito asistencial con vehículos en mal estado y mala calidad del servicio; descuelgue salarial en el caso de la provincia de Cuenca; impago de las subidas salariales pactadas en el último convenio e incumplimientos en materia de salud y seguridad laboral por no realizar exámenes médicos periódicos ni dotar a los profesionales de los medios de protección necesarios durante la pandemia.“Desde la adjudicación a las actuales empresas hemos denunciado infinidad de irregularidades, las sentencias nos dan la razón sobre la nefasta gestión del servicio y no entenderíamos que el Sescam siga permitiéndolo”, declara Pinillos.
UGT recordó que el propio SESCAM ya anunció en 2019 la rescisión del contrato con la empresa SSG, pero que al día de hoy no se ha resuleto ni planteado una solución para la viabilidad del servicio a largo plazo. “El Sescam no puede mirar a otro lado en un momento como el actualcon el reconocimiento social de estos profesionales, los cuales han expuesto su integridad para prestar el mejor servicio posible durante la pandemia a pesar de la falta de protección y de contagiarse en unos índices elevados”, defiende Pinillos.
Para UGT, el debate entre la gestión pública y privada no tiene cabida en una comunidad autónoma como CLM que “no puede permitir que el dinero de los impuestos de la ciudadanía se destine al beneficio de algunas empresas que incumplen sistemáticamente las normas relativas a su personal y que ofrecen un servicio de una calidad cuanto menos cuestionable”, afirma Pinillos.
De acuerdo a los datos que maneja UGT, la dotación presupuestaria prevista para estas empresas sería suficiente para gestionar de manera pública el servicio a igual que se hace en otras CCAA. “En base a los numerosos incumplimientos de las empresas y tras un profundo análisis de la situación, comparando con comunidades que ya han asumida la gestión, tenemos la certeza que de que el cambio a gestión pública supondría un menor gasto, mayor calidad en la atención y garantizaría el cumplimiento de las normas básicas en materia de personal.No existe una justificación económica para no hacerlo ni ninguna duda de que el servicio sería de mayor calidad”.
De acuerdo a Pinillos, a pesar de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de CLM que le dio la razón a UGT y desmontó las excusas de las empresas para no aumentar los salarios, el convenio sigue sin cumplirse, por lo que se está ultimando un calendario de movilizaciones que anunciarán en breve. “La Administración, la ciudadanía y los profesionales no podemos permitir que las empresas mantengan sus incumplimientos mientras continúan obteniendo beneficios explotando al personal e incumpliendo todas las normas laborales”, concluye.
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