El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resaltado la urgencia de crear un sistema de financiación que asegure a la ciudadanía un acceso equitativo a servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Esta declaración fue formulada por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su participación en el VI Foro Tax Global Meeting, que tuvo lugar en Cádiz. Este foro reunió a representantes del sector privado, así como de instituciones públicas y académicas, con el fin de debatir sobre cuestiones estratégicas relacionadas con los sistemas fiscales.
En el evento, Ruiz Molina participó en una mesa de debate junto a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid. Los tres abordaron los retos actuales que plantea la financiación territorial, así como los desafíos políticos y financieros a los que se enfrentan en sus respectivas comunidades. El consejero enfatizó la importancia de alcanzar un consenso entre las distintas comunidades autónomas para evaluar adecuadamente los costos de los servicios públicos y subrayó la necesidad de calcular el valor de la población ajustada en cada territorio.
Además, Ruiz Molina hizo hincapié en la necesidad de reestructurar la deuda de Castilla-La Mancha, que ha sido afectada por dos factores principales: el mal funcionamiento del modelo de financiación vigente y un porcentaje de la deuda que se origina en la crisis financiera de 2007. En este contexto, manifestó la disposición del Gobierno regional para entablar un diálogo con el Estado, afirmando que este podría permitir una reducción significativa de la carga de intereses actual. A su vez, propuso la creación de un fondo transitorio que compense a las comunidades que se encuentren en desventaja debido al modelo actual, hasta que se establezca uno nuevo.
Por otro lado, durante su intervención, el consejero expresó su firme oposición al concierto económico de Cataluña, argumentando que dicho sistema de financiación particular pondría en riesgo el principio de igualdad y podría fragmentar la riqueza nacional. Según Ruiz Molina, este tipo de acuerdos representaría una grave amenaza para la cohesión territorial y para el principio de redistribución de la renta, garantizado por la Constitución. En resumen, el consejero rechazó cualquier modelo de financiación que se negocie de manera bilateral, advirtiendo que esto podría poner en peligro el futuro de la financiación de las otras comunidades autónomas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
