El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su solicitud de un nuevo modelo de financiación autonómica para lidiar con el incremento en los gastos de servicios, especialmente en el ámbito de Vivienda. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, expuso esta postura durante su intervención este sábado, en relación con la propuesta del Gobierno central sobre Vivienda presentada en la Conferencia de presidentes celebrada el viernes en Barcelona.
Hernando señaló que el nuevo planteamiento del Ejecutivo central contempla un aumento notable de la aportación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha al Plan de Vivienda, que pasaría de 17 millones de euros a 112 millones. Sin embargo, el consejero manifestó su preocupación ante la falta de un debate previo sobre un nuevo reparto de la financiación autonómica. “¿De dónde lo tenemos que sacar entonces? El dinero no es infinito”, cuestionó, sugiriendo que este escenario podría llevar a la región a recortar fondos destinados a áreas críticas como hospitales, escuelas o atención a personas mayores y dependientes.
El consejero también destacó que Castilla-La Mancha ya se encuentra en una situación de infrafinanciación, apuntando a las políticas de la administración anterior de María Dolores de Cospedal, que incrementaron la deuda regional de 6.000 millones a más del doble. Hernando advirtió que la reciente propuesta de condonación de deuda podría ser solo un «parche» en lugar de una solución real a los problemas de financiación.
Respecto a las recientes resoluciones del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados por el Partido Popular contra la Ley de Vivienda, Hernando subrayó que el Tribunal reafirmó que el Estado conserva competencias en la planificación de políticas de vivienda. Criticó la falta de diálogo y acuerdo del Gobierno central, sugiriendo que este parece querer traspasar responsabilidades a las comunidades autónomas.
Por otro lado, el consejero expresó su satisfacción por los avances en la Ley 1/2025 relacionada con la ocupación ilegal, destacando las propuestas de desalojo exprés y la prisión para quienes ocupen viviendas de manera violenta o intimidatoria. No obstante, indicó que estas medidas son insuficientes y que es necesario incorporar más propuestas que se habían presentado anteriormente en la ley antiocupas de 2020.
Finalmente, Hernando defendió que Castilla-La Mancha cuenta con un enfoque propio en materia de vivienda, haciendo referencia al Decálogo de Vivienda del Gobierno regional y al cumplimiento del Plan 10.000, reafirmando así su compromiso con el bienestar de los ciudadanos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
