El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso importante hacia la creación de una nueva Ley de Accesibilidad Universal mediante la organización de jornadas participativas. Este evento, inaugurado por el vicepresidente segundo José Manuel Caballero el 19 de febrero de 2026 en la Escuela de Administración Regional de Toledo, cuenta con la participación de más de 200 representantes de colectivos, entidades, empresas, administraciones públicas y universidades.
Caballero ha destacado la intención de que la redacción de esta ley se realice de forma colaborativa con la sociedad civil, enfatizando la importancia de incorporar las experiencias y conocimientos de aquellos que están directamente involucrados en la materia. “Queremos garantizar la accesibilidad de manera universal para toda la ciudadanía”, resaltó. Además, se anunció la creación de un Consejo Regional de Accesibilidad Universal que comenzará a operar tras la aprobación de la Ley.
El vicepresidente ha establecido como meta aprobar la ley antes de que termine la legislatura, aspirando a un consenso unánime. “Buscamos una ley que obtenga el máximo respaldo, no solo a nivel parlamentario, sino también social”, afirmó. Caballero enfatizó que no basta con promulgar leyes, sino que estas deben tener un impacto real en la vida de los ciudadanos, estar respaldadas adecuadamente en los presupuestos y alcanzar los objetivos para los que fueron creadas.
En el marco de los objetivos de esta nueva legislación, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene planes de solicitar fondos a las instituciones europeas para el período 2028-2034, destinados específicamente a políticas públicas de accesibilidad universal. Estos fondos, según Caballero, tendrían que ser gestionados preferentemente por las comunidades autónomas y canalizados a través de mecanismos como el Fondo Social Europeo. También se buscará reforzar la condicionalidad de los fondos europeos para promover una accesibilidad efectiva, abogando por incluir en las convocatorias a municipios de menos de 50.000 habitantes.
Caballero hizo hincapié en la necesidad de contar con una financiación adecuada para implementar la ley de forma efectiva, advirtiendo que sin recursos económicos suficientes, la ley podría no ser aplicable. En este contexto, subrayó la importancia de un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca las particularidades de Castilla-La Mancha, una región con un alto porcentaje de población envejecida y una notable dispersión territorial. Es crucial, según el vicepresidente, que este nuevo modelo asegure los recursos necesarios para garantizar el desarrollo y la implementación de la ley en condiciones óptimas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
