La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha dado un paso importante en el proceso de regulación del calendario de vacunaciones e inmunizaciones para los habitantes de la región al abrir un proceso de participación ciudadana. A través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se ha comunicado la intención de involucrar a la población en la mejora de este proyecto de orden.
Esta iniciativa busca garantizar la transparencia y la inclusión de la opinión de los ciudadanos en la elaboración del calendario de vacunación. Para ello, el proyecto se ha puesto a disposición pública para que todas las personas interesadas puedan acceder a él y emitir sus opiniones y propuestas. Los documentos se pueden consultar en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la dirección http://www.jccm.es.
El período para presentar alegaciones y observaciones se extenderá durante veinte días a partir del viernes 12 de junio. Aquellas personas o entidades que deseen realizar sus contribuciones podrán hacerlo enviándolas a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la avenida de Francia número 4, 45071-Toledo, o por medios electrónicos a través de la dirección de correo electrónico [email protected].
Además, las aportaciones también pueden entregarse por los canales establecidos en la ley, en los registros y oficinas determinados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre. Con esta apertura a la participación ciudadana, la administración autonómica busca involucrar a la sociedad en las decisiones que afectan a la salud pública y promover un proceso colaborativo en la definición de políticas de vacunación adecuadas para los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
En definitiva, esta consulta pública abierta para el Calendario de Vacunación a lo Largo de la Vida en Castilla-La Mancha representa un paso importante hacia una mayor inclusión y transparencia en la toma de decisiones relacionadas con la salud de la población. Es una oportunidad para que los ciudadanos ejerzan su derecho a participar en la construcción de políticas públicas que impactan directamente en su bienestar y el de sus familias.
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