La Audiencia Provincial de València ha dictado una sentencia contundente en el caso Erial, imponiendo una pena de 10 años y cinco meses de prisión al exministro del PP, Eduardo Zaplana, por delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil. Además de la prisión, el tribunal ha determinado una multa de 25 millones de euros y una inhabilitación especial que se extenderá por ocho años y nueve meses debido a su implicación en prevaricación administrativa.
El fallo destaca que Zaplana recibió comisiones ilícitas vinculadas a la privatización de las ITV en la Comunidad Valenciana. Según el tribunal, se reveló que el exministro gestionaba fondos ocultos en Luxemburgo y Andorra mediante un testaferro. Aunque la Audiencia no consideró que existiera un delito de grupo criminal, sí determinó que las actuaciones de Zaplana se enmarcan dentro de un “supuesto de codelincuencia” sin una estructura organizada de colaboración criminal.
El tribunal también abordó la situación de otros implicados en el caso. José Luis Olivas, expresidente valenciano, fue absuelto de las acusaciones de cohecho al no encontrarse pruebas suficientes que relacionaran los 580.000 euros que recibió de Sedesa con el proceso de adjudicación de los Parques Eólicos. Por su parte, Mitsouko Henríquez, secretaria de Zaplana, también resultó absuelta al no poder probarse que conociera el origen ilegal del dinero que gestionaba.
Entre los condenados, se encuentra Joaquín Miguel Barceló, testaferro de Zaplana, quien alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y fue sentenciado a un año y tres meses de prisión junto a una multa de cinco millones de euros por blanqueo de capitales. Asimismo, Vicente Cotino y José Cotino, empresarios implicados, fueron condenados a tres años y cinco meses y dos años de prisión, respectivamente, con multas de cuatro millones y 320.000 euros.
El tribunal también impuso una pena de cinco años de prisión y una multa de 20 millones de euros a Francisco Grau Jornet, contable de la trama, por gestionar el patrimonio oculto de Zaplana en el extranjero. Por su parte, Francisco Pérez López, empresario, recibió un año y medio de prisión por falsedad documental. En contraste, los acusados Saturnino Suanzes, abogado, y los empresarios Robert-Edgar Batauche Pérez y Carlos Gutiérrez Nomdedeu fueron absueltos de los cargos que se les imputaban en este caso.
