En un contexto marcado por la controversia, el alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha tomado medidas que han suscitado cuestionamientos y descontento en relación con el proceso de expropiación del proyecto PAU-5, que se perfila como el mayor polígono industrial en la Comunidad de Madrid. Bajo la administración del PSOE y en colaboración con Más Madrid, el Ayuntamiento ha modificado el sistema de ejecución, pasando de un modelo de compensación a uno de expropiación forzosa, centrando su enfoque en una zona específica del desarrollo.
Esta decisión, que fue formalizada en mayo de 2024 a través de un acuerdo de la Junta de Gobierno, ha generado sospechas de favoritismo, especialmente hacia ciertos socios del hermano del alcalde, Wilfredo Jurado. Wilfredo, exconcejal de Urbanismo, ha estado vinculado a polémicas en la política local, y a pesar de que el Ayuntamiento rechaza cualquier relación entre los beneficiados y él, investigaciones han destapado la existencia de conexiones financieras y comerciales que involucran a empresarios cercanos a la familia Jurado. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia e integridad del proceso de expropiación.
El cambiante enfoque en las expropiaciones también ha suscitado preguntas sobre los criterios utilizados para determinar qué áreas podrían ser liberadas de dicha medida. En particular, la denominada zona ZA-1 ha quedado excluida de la expropiación forzosa, lo que ha favorecido a empresarios que tienen vínculos tanto comerciales como personales con Wilfredo Jurado. Esta exclusión ha permitido que estos empresarios obtengan beneficios financieros considerables, dependiendo además de la realización del proyecto para el pago de ciertas propiedades.
La situación ha desencadenado frustración entre los propietarios afectados por el proyecto de expropiación, generando un aumento en las demandas de investigación y transparencia tanto por parte de la oposición como de algunos sectores de la coalición gobernante. El Ayuntamiento justifica su actuación como una medida necesaria para aliviar la carga financiera sobre los propietarios y facilitar el avance de un proyecto que se ha visto obstaculizado por disputas y problemas administrativos.
Además, este caso se suma a una serie de dificultades que enfrenta la administración de Parla, que incluye críticas por procedimientos de adjudicación directa y la gestión de recursos en un contexto de elevada deuda municipal. La comunidad espera, con inquietud, respuestas que aseguren la equidad y la eficiencia en el desarrollo de un proyecto que es fundamental para el futuro económico de la región.
