El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado la decisión de anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de 35 plazas vacantes en diversos órganos judiciales. De estas plazas, siete están destinadas a magistrados en el Tribunal Supremo, lo que representa un avance significativo en el proceso de renovación del poder judicial.
En detalle, de las siete plazas del Supremo, tres son para la Sala de lo Civil, otras tres para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y una para la Sala de lo Militar. Estas vacantes se han producido por diversas causas, como jubilaciones, excedencias y fallecimientos, lo que ha generado la necesidad de cubrir estos puestos.
Además, el CGPJ ha convocado plazas en 15 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) en diferentes comunidades autónomas, entre las que se incluyen Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. También se han anunciado 12 presidencias de audiencias provinciales que abarcan provincias como A Coruña, Albacete, Asturias, Badajoz, Baleares, Bizkaia, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Huelva, Córdoba y Cádiz. Complementando estas convocatorias, se ha incluido una vacante en el Tribunal Militar Central.
Es relevante señalar que estas 35 nuevas plazas se suman a las 50 que ya fueron convocadas en septiembre, en un esfuerzo por cubrir un total de 111 vacantes que resultaron del estancamiento en la renovación del CGPJ. Este bloqueo se ha visto intensificado por una reforma legal de 2021 que limita a este órgano la posibilidad de realizar nombramientos discrecionales mientras se encuentre en funciones.
A pesar de los esfuerzos llevados a cabo, el Tribunal Supremo continúa enfrentándose a una situación crítica, con alrededor de una veintena de vacantes, lo que representa un 30% de su plantilla. Hasta la fecha, el CGPJ ha convocado un total de 23 plazas: las siete anunciadas recientemente y las 16 de septiembre. Además, en octubre ya se habían convocado plazas para las presidencias de cuatro de las salas del alto tribunal.
La creciente necesidad de cubrir estas vacantes es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema judicial en España, donde la falta de personal puede afectar la eficacia y la agilidad en la resolución de los casos.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
