El Proyecto de Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha ha avanzado en las Cortes regionales, recibiendo este jueves el apoyo de los grupos parlamentarios del PP y PSOE, mientras que Vox se abstuvo durante la votación. En el debate, el representante del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Tomás Godoy, hizo hincapié en la importancia de lograr la unanimidad entre los grupos, incluidos PP y Vox, para facilitar la aprobación del proyecto, lo cual generó algunas discrepancias.
Vox planteó su apoyo a la ley bajo la condición de que se aceptaran siete enmiendas que habían propuesto, destacando la controversia en torno a la retribución de los miembros del Consejo y la exigencia de paridad de género en su composición. Godoy sugirió que se podrían alcanzar consensos en algunas de las enmiendas propuestas por Vox, subrayando que la unanimidad contribuiría a otorgar mayor seguridad jurídica al proyecto.
Luis Juan Blázquez, portavoz de Vox, criticó al Gobierno regional aludiendo a que el Consejo Consultivo había señalado que la norma carecía de rigor técnico. En sus propuestas, abogó por la eliminación de la retribución de los miembros del Consejo, permitiendo únicamente compensaciones por gastos, y cuestionó la necesidad de paridad, afirmando que ya existe una ley que asegura este principio. Además, sugirió reducir de 14 a 8 el número de miembros del Consejo, argumentando que la inclusión de sindicatos y empresas no aportaría un enfoque más técnico.
Godoy defendió la necesidad de la retribución para asegurar que algunos miembros del Consejo, que no tienen otra fuente de ingresos, puedan participar de manera efectiva. También mencionó que estas retribuciones podrían ser redirigidas hacia becas para estudiantes con dificultades económicas.
Desde el Partido Popular, la diputada María José Gil resaltó los logros obtenidos durante la tramitación de la ley, enfatizando su adecuación a la nueva normativa vigente y la relevancia de un Consejo Social dinámico que reconozca las necesidades de la universidad y de sus estudiantes. Gil también solicitó compromisos adicionales al Gobierno sobre la tramitación de leyes pendientes y sobre la necesidad de realizar ajustes dentro del marco universitario.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, celebró la aprobación de la ley, destacando que Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad autónoma en modificar su legislación de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Entre los cambios realizados, se incluye un incremento en el número de miembros del Consejo Social, garantizando un equilibrio de género y la representación de nuevos perfiles.
Esta modificación busca optimizar el funcionamiento del Consejo Social, abarcando aspectos relacionados con la planificación y gestión académica y económica, además de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, en un contexto donde la universidad cuenta actualmente con más de 28.000 estudiantes y una variada oferta educativa.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
