El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha marcado su postura en contra de las propuestas del Gobierno de España sobre la financiación autonómica que otorgarían a Cataluña un «tratamiento especial». Esta declaración surge como respuesta a los comentarios de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien el día anterior resaltó la importancia de dar a Cataluña un papel diferenciado en las negociaciones financieras.
Durante la conmemoración del 40 aniversario del servicio de hemodiálisis del Hospital Universitario de Guadalajara, García-Page expresó su desacuerdo con la supuesta «singularidad de Cataluña». Hizo hincapié en que todas las comunidades autónomas tienen características distintivas y mencionó la complejidad de la gestión sanitaria en Castilla-La Mancha en comparación con las provincias más pobladas como Madrid, demostrando que la administración territorial no puede ser uniforme.
El líder de Castilla-La Mancha también puso en duda las intenciones detrás de las acciones de la Generalitat catalana, señalando que, a diferencia de Cataluña, su comunidad autónoma no destina recursos a lo que él llama «embajadas» en el extranjero, las cuales considera elementos propagandísticos orientados hacia la ruptura de España.
Además, García-Page mencionó que es «bastante duro» tener que llegar a acuerdos con lo que él percibe como la «ultraderecha catalana», haciendo referencia a figuras políticas como Puigdemont. Considera inapropiado asociar a este sector político con el progresismo y afirmó categóricamente que no permitirá que se otorgue un trato especial a Cataluña en cuestiones financieras, ya que considera que sería un precio demasiado alto a pagar simplemente para mantener una posición política. «De ninguna manera, no lo vamos a consentir», concluyó de manera contundente García-Page.
En resumen, el presidente de Castilla-La Mancha ha dejado clara su oposición a cualquier tipo de beneficio preferencial para Cataluña en el ámbito de la financiación autonómica, defendiendo la igualdad entre todas las regiones de España. Esta postura refleja su compromiso con la equidad y la unidad del país.
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