El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que el Real Decreto 933 de 2021 entrará en vigor el próximo 2 de diciembre, a pesar de la vehemente resistencia y las críticas por parte de sectores afectados, incluidos operadores turísticos y empresas de alquiler de vehículos. Esta normativa establece la obligación de registrar una cantidad considerable de datos de usuarios que se hospedan o alquilan vehículos, lo que ha suscitado una fuerte controversia.
Inicialmente programado para entrar en vigor en abril de 2022, el Real Decreto fue pospuesto debido a las dificultades de los operadores para adaptar sus sistemas a los nuevos requerimientos. Ahora, el Ministerio ha decidido que no se otorgarán más prórrogas, a pesar de las advertencias sobre la complejidad e impacto que esto tendrá en el sector. Las empresas han manifestado su incapacidad para gestionar el volumen de información que se exige, cuestionando la implementación de una normativa que consideran excesiva y problemáticas relacionadas con la privacidad de los turistas.
El decreto obliga a los alojamientos a registrar hasta 43 datos por huésped, así como 64 referencias para los alquileres de vehículos. La información requerida incluye detalles específicos, como el correo electrónico, el número de habitaciones disponibles, la fecha del pago de la reserva e incluso si la habitación está conectada a internet. En el caso de los vehículos, se deben registrar aspectos como la disponibilidad de GPS y la distancia recorrida.
El Ministerio defiende esta normativa argumentando que es necesaria para conocer el “modus operandi” de potenciales amenazas para la seguridad nacional, apoyándose en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como “ley mordaza”. Las sanciones por incumplimiento son severas, con multas que pueden variar desde 601 hasta 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Las faltas leves, como errores en la cumplimentación o comunicaciones fuera de plazo, también conllevan multas que oscilan entre 100 y 600 euros.
Sin embargo, a nivel nacional e internacional, el sector turístico ha expresado su oposición a la normativa. Organismos como el Consejo de Turismo de la CEOE, la Mesa del Turismo y asociaciones europeas como ECTTA han mostrado su desacuerdo por la cantidad considerada desproporcionada de datos requeridos, el riesgo a la privacidad de los clientes y la carga adicional que se impone principalmente a pequeñas y medianas empresas con recursos tecnológicos limitados.
Los operadores del sector han indicado que el mayor desafío reside en la complejidad de la información exigida y en la inadecuación de las herramientas tecnológicas disponibles para su manejo. Los fallos recurrentes en la plataforma del Ministerio, que ha sido calificada como obsoleta, dificultan aún más el cumplimiento de estas obligaciones. Además, los operadores argumentan que estas exigencias podrían perjudicar la competitividad del sector en un momento en el que la recuperación del turismo tras la pandemia aún está en marcha. A pesar de las inquietudes planteadas, Grande-Marlaska ha reiterado que la implementación de esta normativa es fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus datos.
