Las aseguradoras han expresado su rechazo a participar en el concurso de Muface, lo que podría implicar el fin del modelo de sanidad privada que actualmente beneficia a más de un millón de funcionarios en España. Empresas como ASISA, ADESLAS y DKV consideran que el aumento en las primas propuesto por el Gobierno es insuficiente. Este planteamiento incluye redirigir los fondos del concurso hacia las comunidades autónomas con el objetivo de integrar a los mutualistas en el sistema público de salud.
El Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Mónica García, está evaluando la posibilidad de disolver el sistema privado de Muface a partir del 1 de enero de 2025. Un informe recientemente elaborado detalla la insostenibilidad del modelo actual, proponiendo una transición de nueve meses en la que se garantizaría la inclusión de los mutualistas en el sistema público, siempre con compromisos de calidad y un aumento en la financiación.
Este contexto ha generado tensiones entre el Gobierno, las aseguradoras y los sindicatos. El conflicto es significativo, ya que mientras el Gobierno propone un aumento del 17% en las primas, las aseguradoras demandan un incremento del 40%. Esta disparidad ha complicado la posibilidad de llegar a un acuerdo. Además, el Ministerio de Sanidad ha acusado a las aseguradoras de seleccionar pacientes menos costosos, trasladando los tratamientos más caros al sistema público, lo que pone en riesgo la viabilidad del modelo.
Los sindicatos se encuentran igualmente divididos sobre el futuro de Muface. La CSIF defiende el derecho de los funcionarios a elegir la sanidad privada financiada con fondos públicos. En contraste, CCOO y UGT señalan la deteriorada calidad de los servicios ofrecidos por las aseguradoras. UGT ha hecho un llamado para mejorar la cobertura de los mutualistas y ha instado a las compañías a asumir su responsabilidad, mientras que CCOO ha solicitado una revisión de las condiciones de los conciertos para asegurar una atención de calidad.
En este clima de incertidumbre, el ministro de Función Pública, Óscar López, está considerando la posibilidad de implementar un sistema que permita a los funcionarios elegir de manera definitiva entre los modelos de atención pública o privada, en lugar de las elecciones anuales actuales. Esta opción podría facilitar una mejor planificación económica, aunque no garantiza la participación de las aseguradoras.
Por el momento, no ha habido acuerdo entre las partes implicadas, lo que coloca a Muface en una encrucijada. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo del modelo de sanidad para más de un millón de funcionarios y el sistema de salud en el país.
