Toledo, 30 de noviembre de 2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza las medidas de estímulo de acción positiva en los municipios que más han acusado los efectos de la crisis. Así lo ha indicado hoy en las Cortes regionales la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el marco del debate y votación del Dictamen emitido por la Comisión de Empleo sobre el Proyecto de Ley de estímulo económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.
 
Frente a los argumentos presentados por el Grupo Parlamentario Popular, Patricia Franco ha subrayado que esta norma “no excluye municipios de forma injusta” sino que determina, de manera objetiva, los municipios que podrán acogerse a ella en función de la situación general de la localidad. Además, esa condición podrá ser revisada cada cuatro años.
 
En este orden de cosas, ha recordado que lamentablemente hoy en día, existen localidades de la región que presentan un porcentaje de paro superior a la media regional; que se han visto afectadas por fuertes procesos de desindustrialización en los últimos años y que han acusado de forma más evidente la pérdida de población que se viene produciendo con carácter general en la región desde 2012. “Por lo que es fundamental la implementación de medidas de acción positiva hacia esas zonas”, ha apuntado.
 
“Nuestro objetivo como Gobierno es aplicar medidas con las que evitar que las cifras de paro que estas localidades se conviertan en endémicas, y que ello lastre el crecimiento económico regional, provincial y local que venimos observando los últimos dos años y medio”, ha dicho la consejera, que ha reiterado en sesión plenaria el interés del Ejecutivo autonómico por que la región no se desarrolle “a dos velocidades”.
 
A este respecto, ha recordado que son 623 municipios los que forman parte de las ITIs y otros tantos los que serán declarados como zonas prioritarias en función del cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley que englobará a ayuntamientos gobernados por todas las formaciones políticas. 
 
Asimismo, ha dicho que la determinación de los municipios que serán declarados zonas prioritarias se hará a través de la aplicación de indicadores objetivos procedentes de las fuentes oficiales más fiables que existen, que lleguen sin margen de error a cualquiera que sea el tamaño del municipio, dato del paro registrado que ofrece el SEPE, y el padrón municipal, del INE. “Indicadores que reflejan rigurosamente la situación general del municipio y no la situación personal del individuo”, ha señalado.
 
La consejera ha garantizado que la finalidad de este nuevo texto legislativo no es otro que establecer un equilibrio económico, contribuyendo a garantizar la cohesión económica, social y territorial de la región ahora que la economía está volviendo a fortalecerse. “Haciéndolo, además, de una forma proactiva, aprovechando nuestros recursos endógenos, promoviendo la inversión y no dejando escapar ninguna posibilidad de crecimiento”, ha rubricado.

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