Toledo, 21 de diciembre de 2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado del suspenso al aprobado en el Desarrollo de los Servicios Sociales, según el informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, de modo que ha acabado con la tendencia negativa en esta materia registrada en la legislatura anterior.
 
Así lo ha puesto de manifiesto hoy la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha valorado en rueda de prensa este informe correspondiente a 2017, que recoge que Castilla-La Mancha ha mejorado de manera significativa su puntuación en el Desarrollo de los Servicios Sociales al pasar de 4,9 puntos a 5,4.
 
Lo que dice el informe sobre el Desarrollo de los Servicios Sociales de la Asociación de Directoras y Gerentes es que en Castilla-La Mancha se ha acabado la tendencia negativa que se registraba en 2013 y que se debía a las políticas restrictivas llevadas a cabo en la anterior legislatura”, ha expuesto la consejera, quien ha añadido que “hay una tendencia positiva al desarrollo en general de todos los Servicios Sociales”.
 
Indicadores
 
En concreto, Sánchez ha destacado los tres indicadores en los que Castilla-La Mancha cuenta con una puntuación por encima de la media estatal: la cobertura del Sistema de Atención a la Dependencia, el incremento de plazas residenciales para personas mayores con financiación pública y la cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio.
 
“En Castilla-La Mancha, se está produciendo una perspectiva muy positiva del Desarrollo de los Servicios Sociales, teniendo en cuenta que todavía siete comunidades autónomas suspenden”, ha resaltado la consejera, quien ha apuntado que el informe valora “el esfuerzo” realizado por Castilla-La Mancha para “poder revertir los recortes de la anterior legislatura”.
 
Además, ha advertido de que la puntuación sería superior si la acción del Gobierno de España, sobre todo, en lo que se refiere al Sistema de Dependencia, “fuera fiel a lo que dice la ley de 2006, es decir, que se incremente la financiación del Gobierno de España en el Sistema de Dependencia”.
 
Del mismo modo, ha reclamado que “se devuelva esa deuda histórica que se debe desde 2012 a 2016 y que supera los 350 millones de euros, porque el desarrollo de los servicios sociales pivota sobre las comunidades autónomas, pero tiene que tener esa responsabilidad del Gobierno de España”.
 
“La valoración que hacemos es positiva, demuestra el esfuerzo que se está realizando para mejorar la política social, para que los ciudadanos puedan tener mayor cobertura social y cada mes, cada año, se avance de forma positiva. Por tanto, un informe que valoramos de forma satisfactoria, aunque siempre tenemos que seguir trabajando porque siguen aumentando las demandas sociales en nuestra comunidad”, ha concluido.
 

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