El Gobierno ha anunciado una inversión de 867,28 millones de euros para la formación de trabajadores a través de la Formación Profesional (FP) en 2024, marcando una de las primeras iniciativas relevantes del nuevo curso político. El objetivo principal de esta inversión es mejorar las competencias tanto de los trabajadores desempleados como de aquellos que ya están ocupados, con el fin de fortalecer el mercado laboral español y atender a los sectores donde existe escasez de personal cualificado a nivel medio.
La gestión de estos fondos estará a cargo de las Comunidades Autónomas, lo que permitirá una aproximación más cercana a las realidades y necesidades específicas de cada región. De la partida total, se destinarán 696,5 millones de euros a la formación de trabajadores en paro, 145,9 millones a la capacitación de trabajadores ocupados y 24,8 millones a programas específicos que gestionarán las autonomías para ambos grupos.
Las regiones que recibirán la mayor parte de los recursos son Andalucía, Catalunya y Madrid, con asignaciones de 137, 128 y 110 millones de euros, respectivamente. Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, resaltó que en los últimos dos años el porcentaje de trabajadores formados en FP ha crecido del 11% a más del 20%. Además, destacó que la financiación destinada a esta vía educativa ha experimentado un impresionante aumento del 865% bajo el actual Gobierno, lo que evidencia un compromiso claro con la mejora del talento profesional en el país.
El nombramiento de una nueva ley de Formación Profesional ha sido necesario para unificar las dos ramas existentes –la formativa para estudiantes y la destinada a trabajadores– bajo el Ministerio de Educación. Esta legislación, que impulsa las microformaciones y cursos flexibles, busca hacer la impartición de formación más atractiva y accesible. Al permitir que los trabajadores obtengan títulos mediante módulos específicos en lugar de tener que completar programas de larga duración, se aspira a no solo elevar las competencias laborales, sino también la empleabilidad de los trabajadores, adaptando así el mercado laboral a las exigencias actuales de una mayor cualificación en los puestos de trabajo.
Con estas medidas, el Gobierno pretende hacer frente al desempleo, especialmente entre los jóvenes, y brindar nuevas oportunidades de desarrollo para la fuerza laboral española, impulsando un futuro más cualificado y competitivo.
