El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha hecho declaraciones sobre la posible imposición de sanciones a las dirigentes de Vox que participaron en una concentración el pasado martes frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Esta movilización fue prohibida por la Delegación del Gobierno para salvaguardar el interés superior de los menores que residen en el centro.
La protesta, convocada por Vox tras la presunta violación de una menor de 14 años por parte de un residente del centro, contó con la presencia de figuras destacadas del partido, incluyendo a la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y la diputada nacional Rocío de Meer, quien exigió el cierre del centro y de todos los «centros ilegales» en el país. También asistió el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, quien manifestó su apoyo a la víctima y su familia, comprometiéndose a interpelar al Gobierno en el próximo Pleno sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAs).
Martín, en una entrevista en la Cadena Ser, reveló que la policía ha realizado filiaciones de los participantes en la movilización, lo que podría llevar al levantamiento de actas con propuestas de sanción. Afirmó que «todo parece indicar que efectivamente habrá sanciones», y explicó que la prohibición de la concentración se debió a que era un evento de «riesgo elevado» que pretendía «hostigar» y «amenazar» a los menores en la entrada del centro.
El delegado lamentó que, a pesar de la prohibición, la manifestación se desarrolló, y destacó que un partido político debería ser ejemplar en el cumplimiento de las normas. Asimismo, criticó el «discurso de odio» que ha surgido en torno a los migrantes, insistiendo en que el foco debería estar en la violencia sexual y no en la nacionalidad de los agresores.
Martín recordó que en lo que va de año se han registrado 256 violaciones en Madrid, 22 menos que en el mismo periodo del año anterior, subrayando que la atención solo se dirige a un caso específico cuando el presunto autor es un migrante. «Esto es extremadamente grave, porque además de ser injusto, representa una amenaza para los migrantes que se encuentran en una situación vulnerable», concluyó.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
