Víctor de Aldama, tras su reciente puesta en libertad, se adentra en una complicada tormenta política y judicial en la que se encuentra frente al Gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez. Aldama, involucrado en una presunta trama de corrupción relacionada con el fraude de hidrocarburos y la malversación de fondos destinados a mascarillas durante la crisis sanitaria, ha prometido presentar evidencia que respalde sus acusaciones contra varios miembros del Ejecutivo y otros altos cargos políticos.
Desde su liberación, ha reafirmado su intención de demostrar que las afirmaciones que lo llevaron a prisión son verídicas. Sin embargo, sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo por parte del Gobierno, que considera sus alegatos infundados y lo acusa de mentir para tratar de justificar su libertad. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha sido una de las voces más críticas, afirmando que Aldama no podrá aportar pruebas porque, en su opinión, «no hay nada».
El vínculo de Aldama con figuras políticas, incluyendo el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, ha sido negado rotundamente por el Gobierno. Además, Montero ha desmentido conocer al empresario o haber tenido interacciones con él en relación a maniobras fiscales o financieras. Las acusaciones de Aldama, que incluso incluyen implicaciones de pagos directos a colaboradores cercanos a la ministra, han sido consideradas por el Gobierno como «radicalmente falsas».
En respuesta a estas alegaciones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado que emprenderá acciones legales por injurias y calumnias contra Aldama. Esta querella conjunta busca salvaguardar la honra de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y otros miembros del partido mencionados por el empresario. La estrategia del Gobierno y del PSOE parece centrarse en desacreditar las afirmaciones de Aldama, viéndolas como un intento desesperado de eludir la justicia.
La Moncloa ha mantenido una postura firme, negando cualquier relación directa entre Aldama y Sánchez. En un intento por deslegitimar a Aldama, el Gobierno ha incluso ridiculizado sus supuestas conexiones con entidades de inteligencia como el FBI y la CIA. Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, ha ironizado sobre la credibilidad de las afirmaciones de Aldama, restándoles importancia.
En medio de esta maraña de acusaciones y denegaciones, Aldama está dispuesto a entregar a la Fiscalía documentos que respaldan sus afirmaciones. Aunque el Gobierno desestima la posibilidad de que tales pruebas existan o tengan validez, los ojos están puestos en el próximo movimiento de Aldama y en cómo este caso podría influir en la estabilidad política y en la imagen del Ejecutivo ante la opinión pública. La situación se mantiene tensa, y España permanece expectante ante el desenlace de este conflicto que entrelaza política y acusaciones de corrupción.
