Toledo, 28 de julio de 2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la toma en consideración del documento de modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, de 5 de marzo de 2015, y ha acordado su remisión al Consejo Consultivo, tal y como ha avanzado hoy el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de carácter extraordinario celebrado hoy.
 
Según ha explicado el portavoz, la modificación tiene como principio fundamental “fomentar, favorecer, regular y ordenar la actividad cinegética de forma compatible con los recursos naturales”. Hernando ha destacado la importancia socioeconómica de la actividad cinegética en muchas zonas rurales de Castilla-La Mancha y ha subrayado que el compromiso del Gobierno del presidente Emiliano García-Page con el ejercicio de la caza “en régimen de igualdad de oportunidades”.
 
Así, la ley prestará especial atención a cazadores locales y regionales mediante la caza social y establecerá medidas que garantizan la sanidad animal de las especies cinegéticas y que limitan la transmisión de enfermedades con la cabaña ganadera, además de contribuir a la recuperación de las poblaciones cinegéticas autóctonas y a la seguridad de los trabajadores y las personas que practican esta actividad, a la vez que se simplifica la gestión de la actividad.
 
“Se evita que se siga aplicando una infame ley que fue aprobada de forma unilateral y que no gustaba a nadie. Por tanto, estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí en el ecuador de la legislatura y de solventar con la nueva redacción las inquietudes suscitadas en determinados sectores de la población”, ha subrayado Hernando, tras recordar el rechazo a la ley aprobada por el Gobierno anterior.
 
Como aspectos más destacados, el portavoz regional ha señalado que se corrige la desaparición de los cotos sociales afianzando la apuesta por la caza social con el objetivo de “fomentar la actividad cinegética en igualdad de oportunidades” para los cazadores de la región, la implantación de las figuras de las zonas colectivas de caza sin necesidad de esperar al desarrollo reglamentario, tal y como establece la ley vigente; se dan facilidades para el establecimiento de acotados y cambios de titular en zonas de atomización de propiedad, y se exime del pago de la licencia de caza a los jubilados y jubiladas mayores de 65 años que residen en la región.
 
Del mismo modo, la modificación pretende asegurar que la actividad se realice de forma compatible con la conservación de los recursos naturales exigiendo la evaluación ambiental para la instalación de cuarteles comerciales de caza o antiguos cotos intensivos en las áreas protegidas. También se modifica la ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza volviendo a instaurar la responsabilidad del titular cinegético o del aprovechamiento cinegético ante el uso ilegal del veneno para captura de predadores.  
 
Hernando ha añadido que con este texto los ecologistas ven satisfechas demandas como la prohibición de prácticas como el lanceo del jabalí o el tiro al pichón y ha reiterado el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha a la licencia de caza interautonómica ya que “podría suponer que nuestra comunidad dejara de ingresar un millón de euros al año”.
 
Una ley de Cámaras para seguir trabajando “codo con codo” con los empresarios
 
Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha aprobado la toma en consideración del anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha, una vez concluido el trámite de audiencia, como paso previo y necesario para su remisión al Consejo Consultivo, en un proceso que culminará con su aprobación definitiva en las Cortes regionales en un plazo aproximado de un año.
 
Se trata de una ley con la que Castilla-La Mancha se adapta la obligatoria normativa estatal, pero con la que también “reforzamos y modernizamos el sistema cameral de la región, dotándolo de un marco regulador que dará mayor seguridad jurídica a estas instituciones”, al diferenciar con mayor nitidez y claridad las actividades de carácter privado que podrán llevar a cabo en régimen de libre competencia de las funciones público-administrativas, ha explicado el portavoz.
 
“Dejamos así atrás el borrador que el Gobierno de Cospedal fue incapaz de sacar adelante, incumpliendo no sólo los plazos establecidos por la norma estatal –lo que, a su vez, ha impedido la celebración de elecciones en estos organismos- sino el siempre deseable y necesario diálogo con las cámaras de la región para que éstas pudieran hacer sus aportaciones a un texto con el que, desde el primer momento, mostraron su disconformidad entonces”, ha enfatizado.
 
Hernando ha destacado que la norma incorpora importantes novedades en materia de transparencia, gobernanza y definición de las funciones del Consejo Regional de Cámaras, y que gracias a ella se dará un “renovado impulso a estas entidades”. En este sentido, ha subrayado el trabajo “codo con codo” con estas instituciones en ámbitos tan importantes como la mejora de la competitividad de nuestras empresas “que tan buenos resultados está dando”.
 
En este sentido, ha destacado el incremento de las exportaciones de la región, que en 2016 alcanzaron los 6.500 millones de euros, “el mejor dato de la serie histórica y que esperamos superar en este 2017 creciendo, como lo estamos haciendo, por encima de la media nacional”.
 
Impulso a la FP Dual con compromiso de contratación
 
El Ejecutivo autonómico también ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones para proyectos de Formación Dual con compromiso de contratación (Dual Empleo) para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que persigue mejorar las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes desempleados de nuestra región, combinando su formación profesional para el empleo con el trabajo digno en la empresa”.
 
De esta manera, mediante contratos para la formación y aprendizaje, y aportando un compromiso de contratación posterior de al menos el 30 por ciento de los participantes, el Gobierno regional ayudará a proporcionar a los jóvenes un itinerario formativo-laboral que incluye la obtención de un certificado de profesionalidad. “Apostamos por la cualificación y el acceso a un primer empleo de los más jóvenes y el rescate de las personas en paro de larga duración, especialmente para aquellos hayan agotado ya la protección por desempleo”, ha aseverado Hernando.
 
Los proyectos, que tendrán una duración de entre seis y doce meses, comprenderán un mínimo de ocho participantes y un máximo de 15. Al menos el 25 por ciento de la jornada se dedicará a la actividad formativa y el 75 por ciento restante al trabajo efectivo en la empresa. En total, el Ejecutivo autonómico destinará a 2,1 millones de euros para la puesta en marcha de 17 proyectos que se prevé beneficiarán a un total de 204 alumnos y alumnas.
 
Para fomentar las políticas activas de empleo, Hernando ha anunciado también la contratación de diez técnicos para reforzar los servicios de formación de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ya que la aprobación de importantes convocatorias de formación por parte del Gobierno regional ha hecho necesario incorporar más personas a estos servicios, “para poder ayudar cada vez a más gente a encontrar un empleo, en este caso también a través de la formación”.
 
Estos diez profesionales serán contratados por un período de seis meses. De ellos, tres serán contratados en la provincia de Ciudad Real, otros tres en Toledo y dos en Cuenca, mientras que los servicios que se prestan en Albacete y Guadalajara se reforzarán con un técnico cada uno. En palabras de Hernando, ésta es una iniciativa “radicalmente distinta” a los recortes que el Gobierno de Cospedal llevó a cabo en las oficinas de empleo de la región y que mermaron las posibilidades de acceder a un empleo digno a miles de castellano-manchegos.
 
“Es ahora con la puesta en marcha de un amplio abanico de medidas e invirtiendo cientos de millones de euros en los dos primeros años de Gobierno de Emiliano García-Page, de la mano de los agentes sociales pero también de los empresarios, cuando se han creado 46.000 empleos en Castilla-La Mancha y 47.300 personas han salido del desempleo”, ha recordado el portavoz, que también ha subrayado que el paro de larga duración se ha reducido casi un 30 por ciento y que la tasa de paro en jóvenes ha bajado más de 10 puntos desde el inicio de la legislatura.
 
Iglesia de la Inmaculada Concepción de Horcajo y Castillo de Almonacid de Toledo
 
En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha acordado declarar Bien de Interés Cultural la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Horcajo de Santiago (Cuenca), “un elemento sobresaliente del patrimonio cultural de la región, tanto por las trazas renacentistas de su arquitectura, de hecho destacan su portada plateresca y sus bóvedas estrelladas, como por la orfebrería que conserva en su interior”, ha reseñado Hernando.
 
Asimismo, también se ha aprobado delimitar el entorno de protección del Castillo de Almonacid de Toledo (Toledo), declarado Bien de Interés Cultural, incluyendo nuevas parcelas en el entorno, evitando así que cualquier actuación que se realizase en ellas pueda alterar la percepción del bien patrimonial. Los habitantes de Almonacid de Toledo se ven así directamente beneficiados por esta medida al incrementar la protección sobre su mayor valor desde el punto de vista de patrimonio histórico.
 
 
“En la pasada legislatura se realizaron tan solo 29 declaraciones en cuatro años, mientras que desde que gobierna Emiliano García-Page, se han llevado a cabo un total de 24 declaraciones como BIC, casi la misma cifra en la mitad de tiempo, un dato que pone de manifiesto la importancia a nuestras tradiciones, a nuestra historia, a nuestro patrimonio, a nuestra cultura, en definitiva el cariño por nuestras raíces que tenemos en el actual Gobierno cumpliendo con nuestro compromiso de salvaguardar nuestro pasado y protegerlo de cara al futuro”, ha enfatizado.
 
Nuevas infraestructuras forestales para Talavera de la Reina
 
Por último, Hernando ha informado de la autorización para la formalización del contrato de las obras de construcción de una nave en la base de incendios forestales (BIFOR) de Talavera de la Reina por un importe de 283.000 euros, “una actuación que refleja el compromiso del Gobierno en la lucha contra los incendios forestales, frente al abandono de cuatro años en infraestructuras y dispositivos de extinción que se produjo con el anterior Gobierno”, ha aseverado.
 
Se trata de una inversión dentro del Plan de Infraestructuras de Prevención de Incendios, que cuenta con un presupuesto global de 12,5 millones de euros. “Es una actuación absolutamente necesaria ya que permitirá albergar en Talavera algunos vehículos adscritos al dispositivo de defensa contra incendios forestales, almacenar herramientas y usarla como dependencias para estancia de los pilotos de la base”, ha finalizado.

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