El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, ha acordado el reparto de 142,5 millones de euros para el Plan Corresponsables durante la reciente Conferencia Sectorial de Igualdad. Este acuerdo ha suscitado críticas debido a lo que muchos consideran un «recorte» en las políticas de igualdad, que son gestionadas por el departamento de Ana Redondo.
En la reunión, el Consejo de Ministros aprobó la nueva distribución de los fondos, donde el Ministerio de Igualdad asumirá el 75% de la financiación, mientras que las comunidades autónomas se encargarán del 25% restante. Esta modificación ha provocado un notable descontento entre las autonomías, que perciben la medida como un recorte en las inversiones dedicadas a las políticas de igualdad.
Fuentes de las consejerías han informado que, en la votación, solo Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha apoyaron la propuesta, mientras que el resto de las comunidades optó por la abstención. La falta de consenso sobre los términos del Plan podría haber llevado a la necesidad de reprogramar la Conferencia Sectorial si no se alcanzaba un acuerdo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió el Plan Corresponsables, destacando su importancia para mitigar la brecha de género en el ámbito de los cuidados y redistribuir responsabilidades que tradicionalmente han recaído sobre las mujeres. Redondo aseguró que se han implementado mejoras en términos de cogobernanza y transparencia, y que no hay «merma de financiación» en las políticas de igualdad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Redondo subrayó que los ajustes en comparación con los 190 millones de euros del año 2021 son necesarios para adaptar el presupuesto a la efectividad de los recursos implementados en los últimos cuatro años.
El Plan Corresponsables, que se inició en 2021 como un programa piloto, se ha transformado en una política pública que reconoce el derecho al cuidado de menores y la conciliación como elementos esenciales del Estado del bienestar, en una perspectiva de igualdad de género. Este programa se enmarca dentro de la Ley Orgánica 3/2007 y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, además de seguir las directrices de la Estrategia Europea de Cuidados de 2022, con el fin de garantizar derechos universales a todos los beneficiarios, independientemente de su situación laboral.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
