En una movida controvertida que ha exacerbado las tensiones políticas, la administración actual ha promovido una reforma significativa en el proceso de elección de los consejeros de Radio Televisión Española (RTVE). Esta acción ha provocado un fuerte rechazo y acusaciones de maniobras autoritarias por parte del Partido Popular (PP). El gobierno ha optado por alterar la ley mediante un real decreto, con el objetivo de facilitar la elección de miembros afines al bloque gubernamental y evitar el bloqueo que ejercía el PP. El partido conservador ha calificado esta decisión como una «cacicada» que altera profundamente las reglas del juego democrático.
Tras la aprobación del real decreto por el Consejo de Ministros, el PP, anticipando su oposición en el Congreso, se enfrenta a un dilema sobre cómo responder no solo políticamente, sino también en términos de su participación en la renovación de los consejeros de RTVE. Con su mayoría absoluta en el Senado, el PP tiene derecho a proponer cuatro consejeros. Sin embargo, la nueva configuración legislativa minimiza su influencia en el Consejo de RTVE, lo que lleva al partido a contemplar la posibilidad de abstenerse de nominar candidatos como forma de protesta ante lo que consideran un intento del gobierno de monopolizar el control sobre el ente público.
Representantes del PP han manifestado que esta reforma representa la transgresión de líneas rojas, aludiendo a una estrategia bien orquestada por el ejecutivo para asegurar un control total sobre RTVE sin necesidad de negociar con la oposición. Esta maniobra se enmarca dentro de una política más amplia del gobierno que busca dominio sobre instituciones clave, como se ha evidenciado en otras decisiones recientes.
Por su parte, el gobierno justifica su acción como necesaria para desbloquear la situación de interinidad en la que se encuentra RTVE y asegurar su correcto funcionamiento. Argumenta que las modificaciones buscan agilizar la elección de los consejeros dada la persistencia del bloqueo por parte del PP. Se espera que, a pesar de la probable abstención del PP al nombrar a sus cuatro consejeros en el Senado, el Consejo de Administración de RTVE pueda constituirse y operar efectivamente con los once miembros elegidos por el Congreso.
Las reacciones a la reforma han sido rápidas, con el PP explorando todas las opciones legales y parlamentarias a su alcance para contrarrestar lo que consideran un ataque frontal a la pluralidad y la independencia de RTVE. Mientras tanto, el gobierno avanza en las negociaciones con sus socios de investidura para asegurar la convalidación del real decreto y la rápida elección de los nuevos consejeros y del presidente de RTVE, buscando evitar un clima prolongado de confrontación política en un ámbito tan crucial como es el del ente público de radiotelevisión.
