Un juez ha interrogado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el Palacio de la Moncloa en relación con una investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta situación ha provocado un fuerte terremoto político en España, especialmente tras la contundente reacción del Partido Popular (PP), que ha exigido la dimisión inmediata del ministro. La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, recordó cómo el presidente Sánchez exigió la renuncia de Mariano Rajoy «por decencia» durante la moción de censura en 2018.
Bolaños compareció ante el juez Juan Carlos Peinado en su despacho, donde se le interrogó sobre su implicación en la contratación de Cristina Álvarez, una asesora vinculada a su departamento, que también ha trabajado junto a Begoña Gómez en sus actividades privadas. A pesar de la gravedad de la situación, el ministro afirmó no recordar los detalles de la contratación y negó haber tenido responsabilidad directa en la misma.
Álvarez de Toledo criticó duramente al Gobierno, señalando que si realmente luchase contra la corrupción, Pedro Sánchez debería aplicar los estándares éticos que utilizó para llegar al poder y destituir de inmediato a Bolaños o convocar elecciones anticipadas. La diputada calificó la situación en la Moncloa como un «extraño esperpento», enfatizando que los contribuyentes están financiando «asistentes lucrativas» de altos cargos, lo que a su juicio es inaceptable.
El contexto de esta controversia se agrava con un informe reciente del Consejo de Europa, que urge a España a mejorar su regulación en conflictos de interés y critica su «pobre implementación» de las recomendaciones anticorrupción hechas en 2019. Este documento pone de manifiesto las debilidades estructurales del sistema español en un momento en el que el Ejecutivo se enfrenta a múltiples escándalos judiciales.
La portavoz del PP no escatimó en críticas hacia Bolaños, a quien acusó de convertir su ministerio en «una calamidad» y lo vinculó a lo que denominó las «cuatro grandes hazañas antidemocráticas» del Gobierno. Entre sus acusaciones, destacó la ley de amnistía, la continuidad del fiscal general del Estado a pesar de las filtraciones, la «humillación» de la presidencia del Congreso y el papel del ministro como «abogado defensor» de la familia de Sánchez.
En medio de estos escándalos, la presión sobre el ministro Bolaños crece, y el PP ha dejado claro su mensaje: «O dimite, o elecciones». La continuidad del Gobierno se encuentra así en un punto crítico, en medio de acusaciones de corrupción y una clara oposición política que no cede ante la situación actual. La sombra de la corrupción se cierne nuevamente sobre Moncloa, generando un clima de incertidumbre en la política española.