En un contexto de creciente tensión política, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha manifestado su inquietud ante la posibilidad de que el Partido Popular (PP) esté buscando vías en la judicatura para presentar una querella contra la vicepresidenta Teresa Ribera. Fuentes del PSOE han indicado que el PP podría estar intentando establecer alianzas con ciertos sectores judiciales para promover una acción legal de dudosa fundamentación, probablemente respaldada por alguna organización de ultraderecha.
La reciente situación en torno al «Caso Begoña Gómez», donde la esposa del presidente ha sido convocada por supuestas irregularidades en su vinculación con la Universidad Complutense, ha servido como un aviso para los socialistas respecto a las posibles intenciones del PP. Desde su perspectiva, el objetivo de los populares sería aprovechar cualquier resquicio en el ámbito judicial para obstaculizar la gestión del gobierno. Este escenario, según el PSOE, podría estar alimentando un ambiente propicio para este tipo de maniobras por parte de ciertos sectores de la judicatura.
La preocupación del PSOE se manifiesta en un entorno caracterizado por la polarización política, donde se considera que el PP está recurriendo a tácticas judiciales para dificultar las políticas del Ejecutivo. Los socialistas creen que el PP intentaría localizar a un juez que comparta su línea ideológica con el fin de llevar a cabo la querella. Este tipo de actos podría comprometer la imparcialidad de la justicia y sentar un precedente alarmante para la convivencia democrática en el país.
Frente a esta potencial ofensiva judicial, el PSOE ha defendido la legitimidad y transparencia en las acciones de Teresa Ribera, pero sostiene que la querella que se podría presentar tiene como único fin desestabilizar al Gobierno, utilizando tácticas que consideran poco éticas y orientadas a satisfacer intereses partidistas.
La denuncia del PSOE resalta cómo la judicatura podría ser instrumentalizada en la actual confrontación política. Para los socialistas, usar querellas como un medio de ataque contra el Ejecutivo representa un riesgo para la integridad de las instituciones y puede erosionar la confianza pública en el sistema de justicia. Aseguran que, si se concreta esta querella, se evidenciaría el uso de la judicatura como un mecanismo de presión en el ámbito político.
El PSOE ha insistido en que las decisiones judiciales deben fundamentarse en hechos y no en intereses políticos, subrayando que esta situación amenaza la separación de poderes. A medida que los acontecimientos se desarrollan, tanto el Gobierno como el partido mantienen una vigilancia cautelosa ante los posibles movimientos judiciales en este clima de alta tensión política.
