En España, la situación de los interinos sigue generando polémica entre la justicia nacional y la europea. Tras la calificación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la sucesión de contratos temporales como una forma de «precariedad» y la recomendación de convertir a los trabajadores no fijos en fijos, el Tribunal Supremo español ha rechazado esta propuesta argumentando que va en contra del sistema de autoorganización de la administración pública del país.
Esta discrepancia ha generado conflictos entre los tribunales españoles y se ha solicitado la opinión del TJUE para aclarar las dudas, especialmente en lo que respecta a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Sin embargo, la Sala de lo Social del Supremo ha concluido que no es necesario realizar una conversión automática de los trabajadores no fijos en fijos, ya que podría ir en contra de los principios fundamentales del acceso a la función pública en España.
Además, el Tribunal Supremo ha establecido que los interinos no tienen derecho a participar en concursos de traslado, reservados para los trabajadores públicos que han superado una oposición. Esta decisión surge de un recurso de casación presentado por la Junta de Castilla y León, después de una sentencia a favor de una trabajadora interina que buscaba participar en un traslado.
Estos acontecimientos evidencian las complicaciones y controversias que rodean a los trabajadores interinos en España, y la necesidad de buscar una solución que respete los derechos laborales y garantice la estabilidad laboral de este colectivo.
