La Guardia Civil ha confirmado al Tribunal Supremo su compromiso de preservar los datos relevantes en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La Unidad Central Operativa (UCO) ha enviado varios oficios al magistrado Ángel Hurtado, encargado de la investigación, informando de que ha solicitado a Google y WhatsApp la conservación de información relacionada con la filtración de datos reservados sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El camino judicial para esclarecer este caso no ha estado exento de dificultades. Entre los obstáculos destacan la eliminación de mensajes y la destrucción de la cuenta de Gmail personal de García Ortiz, que se llevó a cabo poco después de que el Tribunal Supremo decidiera abrir la causa penal. Ante este panorama, el magistrado Hurtado ha considerado necesaria la cooperación internacional para intentar recuperar la información eliminada, lo que ha acarreado retrasos en la instrucción y la necesidad de prorrogar el proceso más allá del 24 de marzo.
En cuanto a la colaboración de las plataformas involucradas, la UCO solicitó la conservación de información a WhatsApp y Google en fechas próximas, específicamente los días 28 y 30 de enero, respectivamente. WhatsApp ya ha confirmado su disposición de colaborar desde el 29 de enero, mientras que Google accedió a dicha solicitud el 10 de marzo. Los datos requeridos abarcan mensajes enviados y recibidos, registros de comunicaciones, copias de seguridad de chats y archivos multimedia, así como cualquier otra información almacenada en los dispositivos vinculados a la cuenta del fiscal general.
No obstante, la investigación sigue viéndose afectada por la lentitud en las respuestas a las comisiones rogatorias enviadas a Irlanda y otros países, lo que ha llevado al juez Hurtado a considerar necesarias nuevas prórrogas en el plazo de instrucción.
En un auto reciente, el magistrado destacó la complejidad del análisis tecnológico necesario para reconstruir la información perdida y dejó abierta la posibilidad de realizar nuevas diligencias, dependiendo de la información que puedan aportar las autoridades extranjeras. Esta nueva situación acentúa la gravedad del caso en contra de García Ortiz, quien ahora se enfrenta a un mayor escrutinio por la eliminación de datos clave, lo que ha complicado la instrucción judicial y suscita dudas sobre su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado.
