En España, la incapacidad permanente absoluta es una pensión contributiva que se destina a trabajadores que, debido a un accidente o enfermedad, se encuentran incapacitados para realizar cualquier actividad laboral. Aunque no hay una lista oficial de enfermedades que den derecho a esta prestación, se puede hacer una basada en los historiales de las personas que han obtenido la incapacidad.
Esta pensión es el grado más beneficioso de incapacidad, ya que permite al beneficiario recibir el 100% de la base reguladora, que es la cantidad cotizada a la Seguridad Social durante los años de trabajo. Se clasifica en cuatro grados: parcial, total, absoluta y gran invalidez, siendo la absoluta la que proporciona el mayor beneficio económico.
Para solicitar la incapacidad permanente absoluta, el trabajador debe cumplir con ciertos requisitos como no haber alcanzado la edad de jubilación y estar dado de alta en la Seguridad Social. La solicitud se puede presentar de forma presencial en cualquier oficina de la Seguridad Social o de manera telemática a través de la Sede Electrónica.
En 2023, la cuantía mínima de la pensión por incapacidad permanente absoluta es de 743,30 euros mensuales para trabajadores con 65 años o más, y de 966,20 euros mensuales para aquellos menores de 65 años. Las enfermedades más comunes por las que se ha otorgado esta pensión incluyen Alzheimer, cáncer, esquizofrenia, fibromialgia, Parkinson, entre otras.
Es fundamental pasar un reconocimiento médico llevado a cabo por el Equipo de Valoración de Incapacidades para determinar el grado de incapacidad y el derecho a la pensión. Este proceso es riguroso para asegurar que solo aquellos que realmente no pueden trabajar reciban esta ayuda económica.
Los trabajadores en situaciones similares deben conocer sus derechos y las opciones disponibles, y buscar asesoramiento adecuado para navegar por este complejo proceso. Solicitar la incapacidad permanente absoluta puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de quienes lo necesitan.