Ingenieros Industriales de Ciudad Real explican la decisión de la Comisión Europea sobre taxonomía climática

El Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM y AIIM) a los que pertenece el Colegio de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, consideran que existen razones para incluir el gas y la nuclear como energías de transición, dado su aporte actual y potencial, para la energía con bajas emisiones de CO2, en el caso del gas, o nulas emisiones, en el caso de la energía nuclear.

La capacidad de aportar gran cantidad de energía para las necesidades crecientes de la industria europea y sus bajas emisiones de CO2, en el gas, y nulas en la energía nuclear, capacitan a estas dos fuentes como energías verdes de transición. Esta resolución, adoptada por la Comisión Europea mediante un Acto Delegado Climático Complementaria de Taxonomía acerca de mitigación y adaptación al cambio climático, la apoyan los Ingenieros Industriales de Ciudad Real a través de una notada que emitieron la Comisión de Energía del COIIM y la AIIM, las organizaciones que los representan.

Una decisión controvertida, tanto por lo que supone para el reparto de fondos destinados a este tipo de energías como por el instrumento adoptado por la UE para declarar el gas y la nuclear como energías verdes de transición.

Energías de transición indispensables

En la actualidad, en la UE, del 40% de generación de electricidad sin emisiones, el 50% corresponde a la energía nuclear. De esta forma, el gas, si bien emite CO2 (0,33 t/MWh), es energía de respaldo indispensable, a la vista de los retrasos en la disponibilidad de una solución competitiva al almacenamiento de energía, en los plazos necesarios.

Los ciclos combinados también contribuirían para paliar el problema de la necesaria sustitución de la generación con carbón que emite el triple aproximadamente que los ciclos combinados. por ejemplo, citemos que Alemania produjo en 2021, aproximadamente el 30% de su electricidad con centrales de carbón  y este porcentaje probablemente subirá en 2022 como consecuencia del cierre de sus últimas tres centrales nucleares.

Además está el problema geoestratégico de la dependencia del gas ruso y argelino (este último en el caso de España y Portugal). El problema nos lleva a cuestionar la política energética de la UE en su conjunto y de la península Ibérica en particular.

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Las características las hacen indispensables para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de la COP 26 y del programa “Fitfor 55”.

Acto Delegado, una figura no libre de controversia

El Acto Delegado es una figura que contempla ceder el poder desde el legislativo europeo a la Comisión. Normalmente se utiliza para regular avances técnicos, por lo que no requiere de un largo proceso legislativo. Algunos europarlamentarios criticaron que, al haber optado por el Acto Delegado, la Comisión llevó adelante un proceso que puede suscitar debate respecto a su forma legal para una iniciativa tan importante.

En todo caso, a la vista de los alineamientos de los países a favor y en contra del Acto Delegado, los procedimientos de la UE hacen poco probable la derrota de esta iniciativa tanto en su manera como en contenido porque para ello se debería reunir en el Parlamento Europeo una mayoría simple (353 eurodiputados), o bien en el Consejo Europeo, al menos un 72 % de los Estados miembros (mínimo veinte) que representaran, como mínimo, al 65% de la población de la UE.

El reparto de fondos en la base del problema

La UE espera movilizar 2,6 billones de euros de aquí al 2030, y una parte importante provendrá de bancos e inversores privados. La clasificación de una tecnología como verde le abre el acceso a los fondos de la UE y la clasifica como preferente para los inversores privados. La cifra citada es ingente pero aún mayor es la necesidad de inversión para alcanzar las metas a 2030 y 2050 establecidas en el Programa “Fitfor 55” de la UE.

Por eso la oposición de las tecnologías, inicialmente incluidas en la taxonomía de energías verdes, a la entrada del gas y la nuclear, por miedo a perder acceso a las citadas financiaciones. En el caso de España resulta improbable que empresas privadas emprendan, a corto medio plazo, inversiones para nuevas centrales nucleares sean del tipo actual o avanzadas, por ejemplo reactores modulares pequeños. Otro tanto ocurre con nuevas inversiones en ciclos combinados. Por tanto, nuestro caso es muy distinto al de otros países de la UE que sí consideran inversiones relevantes en las citadas categorías.

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