Más de dos años después de su entrada en vigor, la ley conocida como «solo sí es sí» sigue siendo centro de controversia por las rebajas de penas a agresores sexuales que ha provocado. En un reciente giro de eventos, dos de los cinco miembros de La Manada, condenados a 15 años de cárcel por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, han solicitado que se les aplique esta normativa para obtener una reducción de sus penas. Esta petición ha reavivado el debate público sobre la ley, aunque los efectos de la misma no han parado desde su implementación, beneficiando solo entre diciembre y enero a al menos otros cuatro agresores sexuales con reducciones de pena.
El Consejo General del Poder Judicial había dejado de actualizar el recuento oficial de beneficiados con la ley en noviembre, momento en el cual se habían producido 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones. No obstante, el Tribunal Supremo continúa realizando revisiones de sentencias de audiencias provinciales y tribunales superiores que inicialmente declinaron aplicar la ley, corrigiendo lo que consideran fue un análisis erróneo de los efectos de la norma ante determinados agravantes como el de «parentesco».
En casos recientes, el Tribunal Supremo ha rebajado las penas de cárcel pero ha incluido ciertas inhabilitaciones. Entre los beneficiados se encuentra un hombre condenado por agresión sexual continuada a su hermana menor de edad, a quien intimidaba con reprimendas familiares. Inicialmente condenado a catorce años, tres meses y un día de prisión, el Tribunal Supremo le rebajó la pena a trece años, nueve meses y un día aplicando la ley del «solo sí es sí».
Este proceso de revisión ha llevado a que numerosos sentenciados por delitos sexuales soliciten la aplicación retroactiva de la ley en busca de reducciones en sus penas. Incluso tras la reforma de la ley del «solo sí es sí» en 2023 por el PSOE, dirigido a cerrar este «agujero», las revisiones de sentencias anteriores continúan, beneficiándose de precedentes como el de Ángel Boza, miembro de La Manada, cuya pena se redujo de 15 a 14 años bajo esta normativa según indicó el Tribunal Supremo el pasado julio.
Los continuos ajustes y revisiones en torno a la ley del «solo sí es sí» mantienen abierto el debate sobre su aplicación y consecuencias, evidenciando la complejidad y sensibilidad en la gestión de justicia en casos de agresiones sexuales dentro del marco legal español.
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