El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Almadén ha iniciado una rigurosa investigación tras identificar presuntas irregularidades durante una jornada de caza en una finca local. Las pesquisas comenzaron luego de que los agentes observaran indicios de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados por la administración.
Durante las inspecciones realizadas, los agentes contabilizaron las piezas abatidas y encontraron que el número total excedía en un 48 % el límite máximo permitido. Este desajuste, que ha llevado a la formulación de las primeras conclusiones, representa una alteración significativa del plan de ordenación cinegética y plantea serias inquietudes sobre la gestión sostenible de las especies dentro del coto.
Aparte del excedente de capturas, el SEPRONA también detectó otras infracciones administrativas en relación con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas cazadas. Se han identificado irregularidades en la gestión de Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH), cuya improperia o abandono puede conllevar riesgos para la salud del ecosistema y para la fauna silvestre.
Como resultado de esta intervención, se han presentado varias denuncias por infracciones graves, en violación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y de la normativa vigente en materia de patrimonio natural y biodiversidad. Estas infracciones podrían acarrear sanciones económicas para los responsables y, potencialmente, la suspensión temporal de la actividad cinegética en el coto en cuestión.
Además, el SEPRONA ha solicitado la realización de un estudio técnico sobre el estado de las poblaciones de fauna en la finca. Este análisis servirá para determinar si la presión cinegética ejercida es adecuada según la capacidad biológica del terreno o si ha comprometido la viabilidad de las especies que habitan en la zona.
Con esta acción, la Guardia Civil enfatiza su rol esencial en la vigilancia del aprovechamiento de los recursos naturales y reafirma su compromiso con la protección del patrimonio ambiental frente a prácticas que infrinjan la legalidad y los principios de sostenibilidad.
